Lograr contratos a dedo y sin levantar sospechas. Ese era uno de los temas principales de los que se hablaba en la casa de Nahim Massuh, uno de los vinculados en el caso Encuentro, quien irá a juicio junto con Danilo Carrera Drouet, cuñado de Guillermo Lasso.

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En las transcripciones de las reuniones, que fueron grabadas por Massuh en audio y video y luego transcritas y judicializadas en el expediente fiscal, se revela un mecanismo para obtener contratos con hospitales evadiendo los concursos públicos.

Consiste en el uso de la Empresa Pública de Bienes y Servicios UCE Proyectos EP para conseguir contratos con los hospitales del IESS. Esto se logra gracias a que la Ley de Contratación Pública permite adquirir bienes o servicios entre empresas públicas de forma directa, es decir, sin necesidad de licitar o realizar una subasta inversa.

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El segundo paso, según las conversaciones, era lograr que la empresa pública de la Universidad Central subcontratara con compañías privadas, quienes son las beneficiarias finales. El contexto en el que se menciona este mecanismo es mientras los invitados en la casa de Massuh planifican vender paracetamol con sobreprecio. Una de las personas involucradas, identificada como TS2, pertenecería a Andersson Boscán, según lo que indica el expediente.

EXTRA revisó 27 contratos de UCE Proyectos EP. La mayoría de estos contratos tienen como objetivo ofrecer capacitaciones, de acuerdo con el RUC de la empresa ante el SRI, que señala: “Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas de la administración pública en materia de planificación, organización, eficiencia y control; información administrativa, etc.”

Sin embargo, siete contratos son con el Hospital General de Machala, el Hospital del Día de Azogues, el Hospital del Día Sur Valdivia y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM). Con esta última entidad, UCE Proyectos EP firmó el contrato más cuantioso, por 2,3 millones de dólares, para la gestión y almacenamiento de imágenes médicas para la Unidad de Imagenología.

El uso de empresas públicas de universidades como una tapadera para ocultar a los verdaderos contratistas es un mecanismo que se ha empleado en los últimos años, especialmente después de que, durante la pandemia, se expusieran los nombres de compañías y sus redes delictivas dentro de los hospitales del IESS.

La Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato, por ejemplo, ha firmado siete contratos con el Hospital José Carrasco Arteaga y el Hospital Carlos Andrade Marín para la compra de fármacos y de equipos médicos y quirúrgicos.

Uno de los contratos, por 2,2 millones de dólares, es para que la empresa de la universidad provea bevacizumab, un medicamento que se utiliza en combinación con otros para la quimioterapia y para tratar ciertos tipos de cáncer de colon y recto.

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La empresa pública de la Universidad de Machala también tiene un contrato de 206.000 dólares para la adquisición de insumos, como catéteres y gasas vaselinadas.

Además de la falta de experiencia de las empresas universitarias, en el Sercop no consta ni un solo contrato que estas hayan realizado para adquirir insumos médicos. Es decir, compran directamente a empresas privadas.

La semana pasada fueron llamados a juicio siete sospechosos del caso Encuentro: Hernán Luque, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), quien está prófugo en Argentina; Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); y los empresarios Leonardo Cortázar, Nain Massuh, Karen Cornejo y Éricka Farías.

Contra el comunicador Andersson Boscán, quien es mencionado en esta trama de corrupción y en los chats del caso Metástasis, la Fiscalía ha abierto una investigación independiente.

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