LAS 24 CELDAS del Pabellón consular del Centro de Rehabilitación Social de Varones N.º 1 de Guayaquil no solo eran las residencias de 199 personas privadas de la libertad. Además, por ser un punto estratégico, servían para almacenar armas de fuego y municiones con las que se cometieron, al menos, seis masacres y varios motines dentro de este centro carcelario ubicado en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule.

Dos funcionarios, que laboran desde hace una década en esta prisión conocida como Penitenciaría del Litoral, revelaron a EXTRA qué escondían las paredes de esta edificación, que fue creada con la finalidad de albergar a presos extranjeros, pero que desde el 2019 se había convertido en el escenario desde donde daban ‘guerra’ los miembros de una peligrosa organización criminal.

“Era el primer punto de ingreso para el resto de pabellones que conforman la ‘Peni’, por eso era atractiva para los reclusos. También era el lugar donde los privados de libertad se mantenían cuando no tenían dónde llegar. Desde hace más de dos años Los Choneros se adueñaron de este espacio”, aseguró una de las fuentes a este Diario.

Otro empleado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) manifestó que solo el 20 % del pabellón, cuya demolición comenzó el pasado martes 8 de noviembre, estaba habitado por reclusos foráneos y por personas de la tercera edad.

“El 80 % eran Fatales, banda liderada por Fito (José Macías Villamar). Ellos sabían que por su cercanía con el exterior era el espacio más valioso. Servía también para vigilar a los policías, los militares, agentes penitenciarios y al personal administrativo. Desde allí repelían cualquier acción. Los presos se las saben todas, en la cárcel se cumple su voluntad. Todas las armas que ingresaban a la Penitenciaría lo hacían por (el pabellón) consular. Quienes permiten el ingreso son los policías y los que llevan las armas a los pabellones (son) los guías. Actúan en complicidad”, sostuvo.

El pabellón consular era un edificio de dos pisos, pero solo la planta alta estaba habilitada. Sus celdas, de aproximadamente cuatro metros de ancho, albergaban a 3 o 4 privados de libertad. “Eso también dependía de quién era el ‘duro’. Incluso algunas solo tenían dos PPL”.

Explicó que por esta área entraba el armamento que abastecía a las organizaciones criminales Fatales y Águilas. Y que desde el asesinato de JL (Jorge Luis Zambrano González, conocido por el alias de Rasquiña, en el 2020), Los Choneros se desintegraron y Lobos y Tiguerones se convirtieron en los grupos contrarios contra los que se enfrentan en la cárcel.

El agente contó que el área consular era conocida por funcionarios y privados de libertad como el pabellón de los 1.000 años, por ser el más antiguo de la Penitenciaría del Litoral y porque fue la primera edificación donde alojaron a los privados de libertad que llegaron a esta cárcel porteña.

“A esta área llegaban personas con posibilidades económicas, solo el que tenía dinero podía estar ahí. Las armas podían estar encaletadas, pero cuando se formaban las guerras entre reos que no se alinean a Los Choneros, las sacaban y se las entregaban a sus coidearios. Ellos conocen muy bien las rutas. Mientras haya armas, los reos seguirán teniendo el control de la cárcel. En papel somos el ente de control, pero nosotros no podemos hacer nada, porque los reos cuentan con armamento dentro de la cárcel”.

Sus huéspedes

Los hermanos Poveda Salazar, William, Kléber y Walter, y los israelitas Shy Dahan y Oren Sheinman, estos dos últimos involucrados en la trama de venta irregular de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19 en Ecuador, constan entre los reos que hospedó este pabellón de la ‘Peni’.

El primero de los extranjeros fue asesinado el 8 de agosto de 2020. Lo mataron en su celda.

En el pabellón B, una de las tres áreas que formaban el área consular hace un año, el 12 noviembre de 2021 se registró la matanza que dejó 65 privados de libertad asesinados y más de 40 heridos. Entre las víctimas de esta masacre constan Víctor Guaillas, detenido por participar en las manifestaciones de octubre de 2019; Abraham Muñoz, quien era amigo y entrenador de Daniel Salcedo, uno de los principales acusados por la venta de insumos médicos sustraídos de las bodegas de hospitales de Guayaquil; y John Campuzano, excontador de Ecuagran, detenido con prisión preventiva por el caso Isspol.

“No cumplió su objetivo”

Para el abogado y criminólogo José Hidalgo Huerta, quien en el 2008 durante seis meses se desempeñó como director de este centro carcelario, el pabellón consular nunca cumplió el objetivo para el cual fue creado y más bien funcionó como una torre de vigilancia, ubicada en un punto estratégico, que servía para que los presos tuvieran vista a otras partes del reclusorio.

“Nunca se cumplió el propósito, que era garantizar los derechos de los presos que no son ecuatorianos. En mi época había un pabellón para choferes, pero ahí entraba el perro y el gato. Lo mismo pasaba en consular”, afirmó.

Hidalgo dijo estar de acuerdo con la demolición de esta área, “ya que el Estado no puede demostrar debilidad ante el hampa. Si los delincuentes ven que es débil, hacen lo que sea. Si ven que es fuerte, se aguantan”, puntualizó. (AEB)

“Los traslados no fueron planificados”

“Los reclusos del pabellón 8 y 9 eran a quienes iban a trasladar, pero ellos se resistieron al cambio y amenazaron con desatar otra masacre. Realmente nunca existió planificación de las autoridades”, afirmó un funcionario del SNAI que pidió la reserva.

El agente penitenciario asegura que los oficiales de la Policía encargados de los traslados “no tenían un plan de las acciones” y que al no poder acceder a las PPL del 8 y 9, optaron por reubicar a los reos del 2, 5 y a los del área consular (ver infografía).

“Se realizaron los traslados, pero solo en el pabellón 2 hicieron requisas. Allí encontraron armas encaletadas. En el 5, 6 y 7 no hubo decomisos. Luego de que los policías y militares terminaron el operativo, los reos salieron de sus celdas, treparon paredes y fueron a sus anteriores pabellones a sacar sus cosas. Las armas las tenían encaletadas. Todo fue empírico, no tenían una hoja de ruta”, reveló el funcionario.

Añadió que el mal accionar y complicidad de guías y policías con los reclusos ha permitido el ingreso no solo de armas y municiones, sino también de perros, los cuales son usados como armas para atacar a sus compañeros.

“Lastimosamente, hay funcionarios que están ‘compinchados’ con los presos y permiten el ingreso de todo, incluso de perros. Los más apetecibles son los pitbulls, porque los utilizan como un arma letal. En el pabellón 9 tienen un perro de esta raza, que ha mordido a varios reos. A uno casi le arranca la mano”, relató. (AEB)