El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha iniciado una acción judicial en contra de María Plaza, una ciudadana que realizó publicaciones en redes sociales con señalamientos directos en su contra. La demanda fue presentada ante la Unidad Judicial Penal Norte 1 del cantón Guayaquil, en respuesta a mensajes publicados desde la cuenta @gugaplaza en la plataforma X.

El caso se originó a raíz de comentarios realizados por Plaza el 18 de febrero de 2025, en los que se refirió al funcionario municipal como un “vulgar traficante de combustible”. Estas afirmaciones, repetidas en distintas publicaciones, llevaron al alcalde a tomar medidas legales por considerar que se trata de acusaciones sin sustento.

Acusación se basa en delito tipificado en el COIP

De acuerdo con el documento ingresado ante la justicia, el burgomaestre sostiene que los mensajes difundidos por Plaza contienen una imputación directa de un delito, lo que podría enmarcarse dentro de lo estipulado en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Esta norma establece que atribuir falsamente a una persona la comisión de un delito puede ser sancionado con pena privativa de libertad de entre seis meses y dos años. Entre las publicaciones señaladas, figura un mensaje donde Plaza escribió: “Un vulgar traficante de combustible es alcalde de Guayaquil…”. 

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En otra intervención en la misma red social, y en alusión a una disculpa pública que Álvarez dirigió anteriormente a la periodista Lucía Jaramillo, la usuaria escribió: “No sé qué tendría que ver el feminismo en la respuesta de este mequetrefe traficante de combustible... ah, y traficante".

La causa sigue en trámite judicial

El proceso aún se encuentra en curso y la acusación formal presentada por Álvarez plantea que estas declaraciones públicas no solo son ofensivas, sino que carecen de pruebas que respalden las acusaciones. Según el contenido de la querella, la ciudadana habría realizado varias publicaciones similares en fechas distintas, reiterando el señalamiento contra el alcalde.

Especialistas legales, citados por medios que han dado seguimiento al caso, señalan que este tipo de situaciones abren el debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales, sobre todo cuando se realizan imputaciones de carácter penal sin respaldo judicial. La justicia deberá determinar si las publicaciones constituyen una falsa imputación de delito y si existe responsabilidad penal en este caso.

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