La esposa de un preso que cumple su pena en la cárcel de Cotopaxi fue la mañana del 19 de marzo de 2024 preocupada al centro penitenciario para saber si su pareja estaba bien. Ella recibió un audio en el que se alertaba que la noche del lunes 18 de marzo los militares habían golpeado a algunos reos. “Lo único que me dijeron en los exteriores fue que se realiza un censo penitenciario”, dijo.

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Este proceso se lleva a cabo desde el 21 de febrero en 16 centros de privación de libertad del país. Según el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), el objetivo es actualizar la información de los presos. Como parte de esta actividad, el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza la toma de perfiles genéticos mediante hisopado bucal.

Esto generó polémica luego de que el medio español El País publicara, el 16 de marzo, un artículo en el que indicaba que “el Gobierno de Daniel Noboa está creando en secreto y mediante engaños a los presos de las cárceles de Ecuador una base de perfiles genéticos”.

El medio afirmaba que la toma de muestras para obtener el ADN la realizan con ‘amagues’. “La instrucción es convencerles de que no consulten con su abogado y que crean que el procedimiento forma parte de la rutina carcelaria”.

Esto porque supuestamente las autoridades estarían recogiendo los perfiles genéticos sin el consentimiento informado de los reos. Dos días después, Medicina Legal emitió un comunicado en el que señala que la recolección de perfiles genéticos “a las personas privadas de la libertad se realiza en estricto respeto a los Derecho Humanos”.

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Por si fuera poco, la mañana del 19 de marzo El País publicó una noticia titulada ‘Ecuador suspende la toma de muestras genéticas a presos tras las críticas por el procedimiento’. EXTRA preguntó al SNAI sobre la veracidad de esta información e indicaron que “los procesos no se han suspendido”.

Alexandra Zumárraga, exdirectora Nacional de Rehabilitación Social, explica que la mayoría de los privados de libertad no van a conocer el protocolo que manda la ley para que obtengan una prueba de ADN de su cuerpo. Cree que no sabrían lo que están firmando y no tienen asesoramiento.

Además, “es imposible que se puedan negar, porque son resguardados por militares”. Sin embargo, más allá de la polémica, Zumárraga considera que el objetivo con el censo es positivo, porque con la información que se obtenga, según ella, será la primera vez en el país que exista un registro completo de la población penitenciaria.

La exfuncionaria recuerda que en casos de masacres y amotinamientos en los que los presos eran mutilados o calcinados, era imposible identificarlos por sus huellas dactilares y tenían que hacerlo sus familiares por alguna característica que hayan tenido en el cuerpo, como un tatuaje. “Incluso, el Gobierno podía maquillar la cifra de cuántos presos muertos había”.

Zumárraga añade que otra ventaja es que los capos criminales ya no podrán tener varias identidades o fingir su muerte y fugar de ‘cana’.

Por otro lado, esta información también beneficiaría a personas sentenciadas injustamente en casos de delitos sexuales, por ejemplo. “Si hay una muestra del semen de una persona, se puede cotejar con la toma de ADN actual y se podría cerciorar si el implicado es o no el violador”.

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