El 14 de diciembre de 2024, la Fiscalía General del Estado logró avanzar en el caso Triple A, que investiga una presunta red de tráfico de combustible y que ha implicado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Ese día se formuló la acusación en una audiencia que había sido pospuesta en varias ocasiones.

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A pesar de un nuevo intento de suspender la diligencia, el juez Jairo García permitió que la Fiscalía presentara las acusaciones contra los quince involucrados en el presunto delito de comercio irregular de combustibles.

No obstante, el fiscal del caso, Leonardo Alarcón Argudo, aclaró que cinco de los acusados no podían ser formalmente imputados, ya que gozan de inmunidad por su condición de candidatos en las elecciones generales de 2025.

Entre los que están protegidos por la inmunidad se encuentran José Ignacio Franco Magallanes, quien fue gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, así como Juan Daniel González Jurado, César Emilio Bravo Ibáñez, Fernando Patricio Peñaherrera Venegas y Angélica Vanessa Freire Guevara, todos candidatos a la Asamblea Nacional.

En su exposición, Alarcón explicó que estos nombres quedaban excluidos de la formulación de cargos por el momento.

Triple A: Fiscalía pide prisión preventiva para cinco acusados

La Fiscalía acusó a diez implicados: cinco personas naturales y cinco personas jurídicas. Entre los investigados a quienes se les solicitó prisión preventiva están Fernando Xavier Viteri Henriques y José Ricardo Cevallos Avellán, identificados como presuntos autores del delito de comercio irregular de combustibles.

Como coautores del delito fueron señalados por el Ministerio Público: Lady Juliana Cedeño Toala, Jessenia Monserrate Vélez Orellana y Carolina del Rocío Cubiña.

Las empresas vinculadas al caso son: Fuelcorp S.A., Copedesa S.A., Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A., Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A.

El fiscal Alarcón solicitó prisión preventiva para los cinco acusados naturales con el fin de asegurar su comparecencia en futuras audiencias.

Copedesa está ligada a la familia del alcalde de Guayaquil

Fernando Xavier Viteri Henriques es el representante legal de Copedesa S.A., una empresa vinculada a la familia del alcalde Aquiles Álvarez. Además, el fiscal presentó pruebas de irregularidades relacionadas con esta compañía.

Según datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), Copedesa S.A. facturó más de 11,5 millones de dólares a Raúl Arnoldo Zambrano Orellana, propietario de la Estación Zambrano en Zamora-Chinchipe, entre 2023 y 2024.

De esta cantidad, poco más de diez millones de dólares corresponden a diésel premium, lo que equivale a más de siete millones de galones de combustible. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento de la estación apenas supera los diez mil galones, según indicó el representante del Ministerio Público.

La estación está ubicada en un zona que facilita las actividades irregulares

El fiscal cuestionó el paradero del combustible restante y destacó que la estación está ubicada en una zona minera y fronteriza, lo que podría facilitar actividades irregulares.

Además, un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reveló que Zambrano Orellana tiene a Copedesa como su principal proveedor, aunque no se registran pagos por los despachos realizados, a pesar de que se reportan ingresos equivalentes a las transacciones.

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