Exclusivo
Judicial
Caso Rasquiña: con secuelas y sin resolver
No hay procesados por el asesinato del líder de Los Choneros. Absolvieron a los tres detenidos que existían: no se les halló relación con el crimen.
Su asesinato ha ocasionado la mayor crisis carcelaria del Ecuador. Desde su partida, son cuatro organizaciones -que hasta su último suspiro estaban bajo su mando- las que disputan por el control de las cárceles y el tráfico de drogas local.
Se trata de Jorge Luis Zambrano González, quien a sus 39 años fue acribillado en un centro comercial de Manta, en Manabí, la tarde del lunes 28 de diciembre de 2020.
Rasquiña o JL, como era conocido, fue liquidado a un mes de cumplir 14 años en el liderato de Los Choneros, banda que, entre sus facciones, acogía a Los Lobos, Los Tiguerones y Chone Killers. Los dos primeros han formado una alianza y son las que empezaron la ‘guerra’, según los reportes policiales.
Tras el crimen de Zambrano, una de las primeras líneas de investigación que ‘saltó’ fue la de establecer si su muerte tenía que ver con la búsqueda del poder, de parte de uno de sus subordinados, pero las interrogantes quedaron opacadas por la noticia de la detención de un sospechoso, al poco tiempo del hecho.
Aquel día, la Policía había desplegado controles en diferentes zonas del puerto manabita para buscar a los dos individuos que habían cometido el asesinato y que escapaban en una motocicleta.
Sin embargo, la persona que aprehendieron se movilizaba en un vehículo Kia Sportage. Fue identificado como Nelson Natalio Rosado Pita y los investigadores sospecharon de él por su actitud nerviosa y porque supuestamente tenía información relacionada con el hecho violento en su teléfono celular.
Rosado fue procesado por asesinato y, con los datos que habrían hallado en su dispositivo, luego vincularon a otras dos personas: Lisa Marie Flores Pilay y José Javier Soria Briones.
En abril, los tres fueron absueltos por falta de elementos que probaran su participación. Además, tras los peritajes oficiales, el primer detenido no habría tenido ningún tipo de información que tenga que ver con el asesinato de Rasquiña, sino de otra persona (ver la infografía).
Esta información consta en el expediente del caso, al cual Diario EXTRA tuvo acceso.
Más de 6 ‘lucas’ en teléfonos
El 30 de junio las autoridades judiciales dispusieron la entrega de los bienes que pertenecían a la cónyuge de Rasquiña, Samara Rivera, según consta en un oficio que es parte del expediente, elaborado por John Navarrete Zambrano, juez de la Unidad Judicial Penal de Manta.
En el documento se menciona que entre estos objetos hay ocho celulares. La mayoría de dispositivos son de alta gama: tres están valorados en $ 1.300 cada uno. Hay uno de $ 1.000, uno de $ 400, uno de $ 350 y dos de $ 250. En total, solo en teléfonos, recuperó 6.150 dólares.
Además, se debe sumar una computadora portátil avaluada en $ 1.200 y una radio de dos vías, de unos $ 200.
Decisión ejecutoriada
El 6 de agosto, a través de un escrito anexado a la documentación de la investigación, se deja constancia que los sobreseimientos dictados han sido ejecutoriados, lo que significa que no hay marcha atrás en la decisión. Con eso quedó oficialmente ratificada la inocencia de los tres procesados.
Versión de Fiscalía
Tras revisar la documentación del caso, EXTRA contactó al fiscal Paco Delgado para aclarar las interrogantes que surgieron tras el crimen de Rasquiña, pues el funcionario había dicho que constaba con los indicios para esclarecer el hecho violento, pero antes de llegar a una audiencia de juzgamiento eso fue desvirtuado, como consta en el expediente.
También era necesario precisar por qué emitió directamente un dictamen abstentivo a favor de Lisa Flores y José Soria, pero pidió llevar a juicio a Nelson Rosado, quien fue absuelto por el juez del caso, “por considerar que no existe un nexo causal”.
Además, como consta en las actas, la Fiscalía no habría probado su responsabilidad en el hecho. “Por el contrario, el procesado ha logrado desvanecer los hechos que se le imputaban...”, consta en el registro legal.
El funcionario, ante el pedido de este Diario, respondió la mañana del 27 de agosto que “más tarde” daría su opinión, pero hasta el cierre de este reportaje, no hubo más respuestas de su parte.