El sobrevuelo de un helicóptero desde la madrugada de este viernes 16 de febrero causó temor a los vecinos de El Inca, barrio en el que se ubica el Centro de Detención Provisional (CDP) que lleva el mismo nombre.

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Nadie sabía nada. Decenas de militares entraban al sitio y un tanque blindado se estacionó en la puerta. Se trataba de una intervención integral al centro penitenciario. “Tienen que decirnos qué pasa. Estuvimos muy nerviosos”, dijo Silvia Barreno, una moradora.

Pero no solo hubo tensión, en la calle de Las Toronjas casi ninguno de los negocios abrió sus puertas, puesto que no se podía pasar, todo estaba cercado con vallas. En total cinco calles a la redonda.

Juan Carlos Tupul abrió hace unos meses una panadería a una cuadra del centro penitenciario. “Ya se fue a la quiebra”, lamentó el vecino. De a poco sus clientes han disminuido hasta llegar a cero. Además, se endeudó con $2.000 para comprar un horno nuevo. “La primera semana de enero ya llegué a las 35 libras de pan al día. Estaba contento”, explicó.

Con los hechos violentos del pasado 9 de enero todo se fue abajo, tanto así que ya puso su negocio a la venta. “Ya conseguí un trabajo parcial de ayudante de panadero. Ya no tengo de dónde sacar dinero”.

Germán Salcedo, otro morador, lamenta que esta cárcel siga funcionando allí. “Si no hay amotinamientos nos cierran las calles. La cárcel debe salir de aquí”, sentenció.

Aseguró que cuando se construyó el reformatorio –hace más de 30 años– el barrio no era tan poblado como ahora y tampoco había tantos negocios. “La reubicación debía decidirse ya. Cuando hay problemas ahí también nos da miedo”, agregó.

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El contingente policial y militar fue rígido al no dejar pasar a nadie a las cercanías del centro. Algunos vecinos debieron ‘rogar’ para que los dejaran continuar hasta sus casas. Germán calculó que su peluquería ha perdido por lo menos el 50 % de los clientes y “el arriendo no espera”.

Carlos Mena, al enterarse de que el movimiento era por “algo positivo”, se alegró. “Yo no me opongo a que vengan las autoridades a tomar el control si eso nos da seguridad”, dijo.

Sin embargo, a pesar de que diversificó su negocio y atiende a domicilio, también ha tenido bajas por los cierres. “La única solución que veo a la problemática es que se lleven la cárcel de aquí”, mencionó.

Agregó que los negocios no necesariamente dependen del movimiento de gente que genera el CDP, sino de la dinámica de todo el barrio que se ha vuelto mucho más comercial en los últimos años.

Este centro penitenciario es de mediana seguridad, por lo que no había sido intervenido con la premura de otros sitios como la ‘Peni’ (Guayaquil) o Turi (Cuenca), pero estaba en la planificación, según el coronel a cargo del operativo. Allí se encontraron celulares, tablets, computadoras, drogas y armas blancas, en su mayoría grandes, tipo machete.

Los uniformados explicaron que su presencia dentro del CDP será hasta la próxima semana, en la que se pretende seguir haciendo requisas. “Pero seguiremos dando seguridad en los exteriores”, agregó.

Aunque no se hallaron suites o piscinas como en tras cárceles, los objetos incautados allí servirán para establecer los vínculos y acciones de las bandas terroristas. “Con lo de adentro (la cárcel) se encuentra lo que hay afuera”, explicó el militar.

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