Una de las principales inquietudes de los ecuatorianos en los últimos días, luego de la decisión tomada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que de manera unilateral decidió extinguir el título habilitante de la empresa Cable Andino S.A. (Corpandino), encargada de ofrecer el servicio de cable submarino a proveedores de internet en Ecuador, es: ¿Qué sucederá con el servicio de internet?

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Esta preocupación ha surgido principalmente porque Cable Andino es el proveedor de Netlife y Xtrim, dos empresas que suministran internet al 40% de los usuarios a nivel nacional, según datos de Arcotel.

La alarma también se encendió luego de las declaraciones de Telconet, dueña de Cable Andino, que advirtió que la resolución de Arcotel “pone en riesgo el servicio de gran parte del internet del Ecuador”. La empresa añadió que esta medida podría afectar hasta el 60% del mercado de internet en el país.

A pesar de estos anuncios, expertos consultados por EXTRA afirmaron que, por el momento, no existe un peligro inminente de que el servicio de internet se vea afectado. Actualmente, Ecuador cuenta con cuatro sistemas de cables submarinos operativos, lo que asegura que la salida internacional de datos no dependa únicamente de un solo proveedor.

¿Qué sistemas de cables submarinos hay en Ecuador?

Estos sistemas son: la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), conectada al anillo del cable Panamericano; Telxius de Telefónica; Cable Andino S.A., propiedad de Telconet y parte del Pacific Caribbean Cable System; y Columbus Networks y Conecel (Claro), conectados al Cable Pacífico.

No obstante, Juan Carlos Solines, abogado especializado en telecomunicaciones, recuerda que, a diferencia de otros servicios públicos como el agua o la electricidad, que pueden verse afectados por fenómenos naturales, el internet depende de infraestructura tecnológica instalada, como cables submarinos y redes de fibra óptica.

“Esta infraestructura no está sujeta a las mismas limitaciones externas, por lo que no se prevén racionamientos ni interrupciones en el servicio de telecomunicaciones por este motivo”, explicó.

De hecho, una de las preocupaciones manifestadas por Tomislav Topic, gerente de Telconet, fue que afectar a su empresa “es un mal menor comparado con que el Estado opere este servicio expropiando un cable submarino moderno”, ya que el gobierno no contaría con el conocimiento, la tecnología ni la infraestructura necesarios para operarlo.

Por otro lado, la resolución de Arcotel, según explica Hugo Carrión Gordón, consultor en telecomunicaciones, en caso de que se extinga el título habilitante de una empresa que presta este servicio, no se prevé que haya interrupciones, ya que la infraestructura y el acceso seguirían operativos bajo la administración del Estado.

El Estado debe mantener los servicios de telecomunicaciones

“El Estado, como garante de los derechos humanos, tiene la obligación de mantener los servicios de telecomunicaciones, considerados esenciales y protegidos por la Constitución. En la resolución se menciona que, de extinguirse el título habilitante, se iniciarían procesos legales y regulatorios para la reversión de los bienes al dominio público, lo que implica un cambio de titularidad, pero no una afectación directa a los usuarios”, indicó Carrión.

Aunque los principales proveedores como Netlife o Xtrim dependen directamente de esta infraestructura, tendrían alternativas para garantizar la continuidad del servicio, incluso en situaciones técnicas extremas, como la ruptura de un cable, concluyó el experto.

Además, Solines destacó que las telecomunicaciones y el internet son considerados servicios públicos esenciales, al igual que el agua y la electricidad: “Por esta razón, la continuidad de estos servicios debe estar garantizada, tanto por el Estado como por los operadores privados que han recibido licencias para operarlos. No es legal ni factible que un operador suspenda unilateralmente el servicio o afecte a sectores de la población”.

Al igual que Carrión Gordón, Solines agregó que Telconet no es el único proveedor de servicios de cable submarino en el país. “Existen otras opciones que garantizan el sistema, por lo que incluso en el caso de un cambio en la administración del cable submarino, los usuarios no deberían enfrentar interrupciones”.

El escenario en el futuro

En cuanto al procedimiento, Solines explicó que si se extingue el título habilitante de Telconet, el Estado podría asumir la administración del cable submarino, posiblemente a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) u otra entidad pública. Esto implicaría un proceso legal y regulatorio para garantizar la transición de los bienes e infraestructura. Sin embargo, este escenario no debería generar afectaciones inmediatas para los usuarios finales.

A pesar de que el Estado tiene la autoridad para revisar los títulos habilitantes en el sector de telecomunicaciones, Carrión Gordón advirtió sobre posibles problemas de inseguridad jurídica debido al momento en que se tomó la decisión, la cual podría interpretarse como una medida política. Otra de las preocupaciones de Carrión tiene que ver con la gestión del Estado, en caso de que se transfiera la administración al CNT, dado que esta entidad ha demostrado ser ineficaz en su gestión en los últimos años.

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