El defensor Público general, Ángel Torres Machuca, mantuvo una reciente reunión con los representantes de las etapas o pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, del Centro de Privación de la Libertad Cotopaxi, Nro. 1. El encuentro tuvo el objetivo de "tomar nota de los requerimientos que tienen los internos y solventarlas, en función de sus competencias".

La visita fue a propósito de la inauguración de nuevas oficinas en ese centro carcelario, con lo cual se procurará mejorar la calidad de la defensa técnica y legal de quienes lo necesiten. Torres Machuca invitó a los reos a confiar en los profesionales de la Defensoría Pública y les pidió  que ayuden a difundir los servicios de patrocinio y asesoría legal, que son gratuitos. Con las nuevas oficinas, los internos cuentan ahora en ese lugar con cinco defensores públicos y dos asistentes legales, de manera permanente.

El funcionario, quien estuvo acompañado del gobernador de la provincia, Oswaldo Coronel, del director del Centro Penitenciario, Víctor Andrade, entre otros funcionarios,  recordó a los voceros de los internos que la Defensoría Pública "es la institución de la Función Judicial que está más cerca de las Personas Privadas de Libertad (PPL), defendiendo sus derechos, con el acceso a la justicia".

Internos: "Queremos vivir en paz"

Uno de los representantes de los internos señaló que el deseo de estos es "desterrar la violencia desde la raíz y vivir en paz". Asimismo, solicitó que se respete los derechos humanos de las PPL y de los familiares y todas las personas que los visitan.

El gobernador Coronel señaló que la visita del Defensor Público ratifica el compromiso de seguir trabajando en conjunto para tener mejores días para las PPL y la sociedad.

El Gobernador, quien mantuvo una reunión aparte con  Torres Machuca, informó que entre 8 y 12 personas serían las beneficiadas con indultos, por enfermedades catastróficas y otros motivos, en base al Decreto 265, del 22 de noviembre de 2021, emitido por el presidente Guillermo Lasso

Víctor Andrade, director del Centro de Rehabilitación, enfatizó que las PPL, aunque estén dentro de un penal cumpliendo condenas, tienen derechos que deben ser garantizados y que junto con la Defensoría Pública se trabaja con ese objetivo.

Andrade habló además de reformas legales que permitan una mejor reinserción de los internos, a partir de programas intensos de rehabilitación, así como de la necesidad de construir paz social.