Pese a toda la polémica en torno a la aprobación del incremento de penas, derivado de la consulta popular del 21 de abril de 2024, tanto en la Asamblea Nacional como por parte del gobierno de Daniel Noboa, finalmente, el Legislativo aprobó por unanimidad, con 132 votos, la normativa que permite estos cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ahora, queda en manos del Ejecutivo la aceptación o el veto, parcial o total, de estas modificaciones en las sanciones establecidas para una docena de delitos (ver infografía). Sin embargo, ¿será esto suficiente para combatir a la delincuencia común, el crimen organizado y la corrupción?

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Para Julio César Cueva, abogado experto en derecho penal y constitucional, una medida aislada no traerá los resultados que la ciudadanía espera.

“El aumento de penas y la posibilidad de que la cumplan completa, sin rebaja, es un grano de arena dentro de una gran playa (...), porque mientras en Ecuador se mantengan altos niveles de impunidad, al delincuente le da lo mismo que la pena sea de 5 o 20 años, porque tiene la certeza de que podrá comprar o corromper al sistema”, sostiene el jurista.

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El también penalista Kléber Riofrío coincide y afirma que “esa política legislativa y ejecutiva no es una solución global ni técnica. Eso es seguir el populismo penal, es gobernar para las masas sin un criterio técnico. Los problemas de delincuencia y de seguridad del país son más fuertes”.

Cueva agrega que los delincuentes contumaces, que tienen cinco, diez o hasta quince años entrando y saliendo del sistema, verían esto como entrar o salir de casa, más allá de que algunos incluso se sentirían privilegiados, porque pueden llegar a cárceles donde están los líderes, lo que les permite trabajar directamente para sus jefes.

“Esta guerra, mientras no se concentre en atacar la estructura financiera de esta gente, porque todo se hace con y por plata, será difícil de ganar”, enfatiza el abogado Julio Cueva.

Para el abogado Cueva, es necesaria una depuración de la Policía Nacional, de la Fiscalía, de las entidades de Justicia e incluso del libre ejercicio profesional de los abogados, “aunque parezca mentira, de tal forma que la solución sea integral, porque esto, aislado, no va a traer el resultado que la gente cree”.

Kléber Riofrío, en cambio, apunta hacia lo social, con educación, deporte y salud, sobre todo en barrios considerados marginales. Para él, hay que “brindar oportunidad a las personas de escasos recursos, para que los pobres no sean el caldo de cultivo para el crimen organizado”.

También señala que los profesionales que conforman el área de justicia, como abogados particulares, fiscales y jueces, deben recibir mayor educación, con “mejores condiciones para las unidades judiciales y todo el personal judicial”. El jurista concluye que “el sistema carcelario debe servir para rehabilitar, no únicamente con el castigo”, pero cuestiona que “eso no rinde réditos políticos”.

Otro de los cambios al Código Orgánico Integral Penal, previsto en esta reforma legal, tiene que ver con los beneficios penitenciarios a los que ya han accedido líderes de grupos terroristas como Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, y Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, ambos líderes de Los Choneros.

Antes de que fueran asesinados (Rasquiña en 2020 y JR en 2023), ellos lograron salir de prisión con medidas de prelibertad, pese a que estaban identificados por las autoridades como capos criminales, relacionados con diferentes delitos.

Si entra en vigencia lo aprobado por la Asamblea, tras el pedido en consulta popular, las personas que cumplen sentencias por delitos como crimen organizado, asesinato, narcotráfico, extorsión, entre otros, ya no podrían hacer el proceso de solicitud de régimen abierto o semiabierto, que son una especia de libertad condicional.

A estas medidas buscaba acceder José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el actual líder de Los Choneros. Él escapó de la cárcel Regional, de Guayaquil. Las autoridades descubrieron su fuga el 7 de enero de este año.

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