El Gobierno de Ecuador ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, su hermano Antonio Álvarez, y otras ocho personas, incluyendo una gasolinera y una empresa. La acusación detalla su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el comercio irregular de combustibles.

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La denuncia, sustentada por pruebas obtenidas durante operativos recientes, revela una serie de irregularidades y actividades ilegales en la distribución y venta de combustibles en Guayaquil. Entre las evidencias presentadas se encuentran documentos, grabaciones y testimonios que apuntan a una red organizada de comercio irregular con conexiones que alcanzan la administración municipal.

Se identificaron discrepancias significativas entre los volúmenes de combustible despachados por Petroecuador y la facturación electrónica de varias estaciones de servicio. En particular, se destacó una diferencia de 745,718 galones adicionales de diésel vendidos por Fuelcorp S.A., cuya procedencia no está clara.

Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. facturó a Fuelcorp S.A. 2,183,546 galones de diésel, a pesar de no estar autorizada como comercializadora para abastecer a Fuelcorp S.A. Los administradores de Gasolineras Copedesa Gasgrupco son Fernando Peñaherrera Venegas y Xavier Álvarez Henríquez, mientras que los accionistas incluyen a Antonio Álvarez Henríquez, Aquiles Álvarez Henríquez y Xavier Álvarez Henríquez.

En 2023, Fuelcorp S.A. adquirió combustibles de cuatro proveedores presumiblemente no autorizados por la Agencia de Regulación y Control de Energía: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Gasolinera Guayaquil Gasquil S.A., Galo Palacios Zurita y Gasolineras Copedesa Gasgrupco.

En 2024, Fuelcorp S.A. vendió combustibles a cuatro contribuyentes en cantidades significativas, presuntamente comercializadoras no registradas. Las ventas no registran ninguna placa, lo cual genera sospechas sobre su legalidad.

Se registraron 8,019 vehículos abastecidos por Fuelcorp S.A. en 2022, una cifra alarmante. Un vehículo en particular, que debería usar gasolina extra, registró un consumo inusual de 117,000 galones de gasolina extra y 3,000 galones de diésel.

Franklin Erreyes Tocto, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presentó la denuncia señalando que las inconductas denunciadas afectan la actividad hidrocarburífera y el medio ambiente, lesionando al Estado ecuatoriano. Entre los denunciados se encuentran Juan Daniel Gonzales Jurado, César Emilio Bravo Ibáñez, José Ricardo Cevallos Avellán, José Ignacio Franco Magallanes, y las compañías Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A.

De acuerdo con el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal, la comercialización ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles sin la debida autorización, o su desviación a un segmento distinto del autorizado, conlleva sanciones severas. Las penas pueden variar según la escala del delito:

Aquiles Álvarez podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta cinco años si se demuestra su participación en estas actividades ilegales. Además, si se determina la responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de la infracción, la sanción incluirá la clausura temporal por un tiempo igual al de la privación de libertad dispuesta para la persona natural. Los socios o accionistas de la persona jurídica también serán inhabilitados.

La Fiscalía General del Estado procederá con las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades y posibles sanciones correspondientes.

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