El Estado tiene, por ley, la competencia de generar políticas públicas de seguridad ciudadana; pero asimismo, los municipios de todo el país deberían sumar sus esfuerzos al del Gobierno Nacional para ayudar a ejecutarlas. En un contexto de altos índices delictivos, los cabildos tendrían que repensar su aporte, con una participación más comprometida para ayudar a repeler la violencia. Reforzar la función de vigilancia y control que tiene la Policía Municipal es una oportunidad. Un mayor protagonismo en este sentido reivindicaría la imagen de estas unidades, encasilladas en los últimos años, al menos en Guayaquil, en una labor de persecución y extorsión (según denuncias) contra comerciantes informales que están en las afueras de escuelas públicas o que ‘afean’ los sitios turísticos. Sus agentes son parte del cuerpo de seguridad estatal y deben actuar.

En un momento en el que Ecuador requiere de un mayor número de gendarmes, de patrullas y equipos, los municipios deberían capacitar a sus policías, apertrecharlos con armas para que, sin abusos y ni extralimitarse en sus deberes, puedan frenar cualquier delito menor o asalto. Las autoridades municipales deben exigir acciones al Ejecutivo, pero también ser consecuentes y actuar con los recursos que ya tienen.