Nadie puede negar que el Gobierno Nacional está haciendo su esfuerzo para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, aunque su limitado plan no sea muy claro porque solo lo conocen el presidente y su grupo cercano, mas no todo el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, en esta lucha contra la delincuencia y otras problemáticas, es esencial que sobresalgan los buenos jueces, fiscales, abogados y defensores públicos. De ellos, como grandes conocedores del sistema judicial, deben surgir las propuestas para liberarlo de la política, las mafias y la corrupción.

Los buenos y probos abogados —que hay muchos y seguramente son la mayoría— deberían plantear una propuesta de Ley de Carrera Judicial que libre al país de lo que ahora ocurre. Esta ley debería establecer parámetros de eficiencia para que cualquier persona que quiera hacer carrera en la justicia empiece desde abajo y, con una trayectoria impecable, vaya ascendiendo. Tal vez sea la única forma de evitar que personas, por conveniencias políticas, terminen siendo miembros del Consejo de la Judicatura o jueces de las cortes de justicia.

Si el Estado no quiere tomar las riendas del problema por cualquier motivo, entonces es la sociedad civil organizada la que debe hacerlo. De algún modo, hay que empezar.