La escasez de materiales, de insumos y de personal han menoscabado el servicio público de atención al ciudadano. Horas para atravesar el control de migración de ingreso y salida por el aeropuerto de Guayaquil, días para obtener un pasaporte, esperar meses para una cita médica en un sistema de salud en el que hay que mendigar por las medicinas y suministros sanitarios, y otros tantos meses por una placa vehicular... Esa sigue siendo la realidad.

La pandemia, pese a que el Gobierno se ufana del plan de vacunación, suele ser todavía una de las excusas para todas estas carencias que repercuten en el día a día de los ciudadanos, que pagan sus impuestos, entre otros aspectos, por un mejor servicio público. Y las autoridades, tanto locales como nacionales, en lugar de coordinar se deslindan de cualquier responsabilidad. Les dan la espalda a las competencias en algunos casos, y las invocan manoseándolas en otros a su conveniencia.

La pandemia (o la pospandemia) ya no puede ser utilizada como una justificación a las falencias en el servicio público. Tampoco la falta de coordinación entre autoridades. El ciudadano es quien termina sintiendo los efectos de un servicio público que cada vez parece más una mezquindad pública.