Tras las infructuosas conversaciones entre los representantes de las clases laboral y patronal para llegar a un acuerdo sobre el salario básico unificado, que de acuerdo a la ley y para hacer frente a la inflación que año a año aumenta el costo de la vida debe irse aumentando paulatinamente, el Gobierno decidió tomar la medida final -que coincide con el pedido de los empleadores- y resolvió congelar dicho salario en 400 dólares, lo que tendría un año de duración.

Sin embargo, para atenuar las necesidades de empleados y trabajadores se anunció desde Carondelet, con una inversión de 40 millones de dólares, que se tomará una medida compensatoria emitiendo bonos que favorezcan a los que reciban salarios mínimos, así como a una gran parte de ciudadanos que han quedado desempleados por efecto de la paralización de actividades a que nos condujo la pandemia.

Por supuesto, esta decisión es rechazada por los organismos de la clase obrera, como el Frente Unitario de Trabajadores, que anuncia movilizaciones para exigir que el régimen cumpla con lo que determina la legislación, esto es los aumentos de sueldo que por obligación tienen que establecerse en forma anual.

El Gobierno, por su parte, justifica la decisión tomada debido a la crisis fiscal que atraviesa el país por el coronavirus, problemática que se ha dado no solo en Ecuador, sino en el mundo, por haber bajado la actividad productiva en diversos sectores.