Inédito, es lo que ocurrió en Sauces 3 y 9, en el norte de Guayaquil, donde una persona amaneció este jueves 30 de marzo de 2023, con un chaleco lleno de explosivos, lo que causó conmoción no solo en los habitantes del sector, sino en toda la ciudad. 

El general Willian Villarroel, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, informó que en lo que va de este 2023 personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) ha intervenido en más de 40 alertas con explosivos, pero es la primera vez que la carga es colocada en una persona.

Según las investigaciones preliminares, a la víctima, quien labora en una empresa dedicada al comercio de joyas, le habían colocado los explosivos (aparentemente como tacos de dinamita) en su cuerpo y una de sus piernas.

La situación no solo llevó a la evacuación de todo el personal del mercado de Sauces 9, sino a acordonar el sector a más de 120 metros del perímetro donde ocurría el hecho, en medio del pánico y la conmoción que vivían moradores, transeúntes, familiares, comerciantes de la zona la ciudadanía en general, que ve con estupor lo que ocurre en la ciudad; y, en general el país, similar a lo que se observaba en otras épocas en países como Colombia y aún en México.

“Lo que está sucediendo actualmente pasó hace veinte años en Colombia. Primero fueron las llamadas extorsivas, los mensajes, las volantes y ahora los explosivos”, resume Jhon Garaycoa, experto en Criminología.

El 15 de mayo de 1999, en la localidad de Simijaca en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, una mujer y un técnico antiexplosivos de la Policía murieron tras la colocación de un collar bomba, en Elvia Cortés de Pachón, una habitante de ese municipio. Los delincuentes que le habían colocado el dispositivo le advirtieron que si en diez horas no les entregara una millonaria cifra, harían activar la bomba, según lo relató en ese entonces diario El Tiempo.

“La mujer acudió a las autoridades. Un técnico antiexplosivo de la Policía murió junto a la mujer cuando intentaba desactivar el artefacto”, informó el diario.

El 25 de marzo de 2010, un hecho ligado a actos terroristas y condenado por el mundo fue el ocurrido con Heriberto Grueso Estupiñán, un estudiante de 11 años, quien fue engañado por integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que llevara un paquete a la estación de Policía de El Charco, en Nariño.

Pero, apenas pasó por el lugar, el artefacto explotó provocando su muerte y heridas a varios agentes. El hecho se conoció a nivel mundial como “el niño bomba”.

Según explica Garaycoa, el objetivo de los delincuentes en el primer caso no es la persona que fue víctima sino de los locales como el negocio en el que trabaja la víctima de este jueves 30 de marzo, que tiene puertas blindadas, sistemas de cámaras. 

“Están completamente equipados y como no pueden penetrar cogen a la presa más fácil”, señala el experto, quien considera que el país no solo ha tocado fondo por el nivel de inseguridad que se vive, sino que hay un estado de indefensión con leyes prodelincuenciales, por las que “todo cae en un saco roto”.

El general Villarroel informó que la víctima se mostró “contenta” luego de que los expertos lograran retirarle los explosivos. “Él y su familia están a salvo”, añadió el oficial al indicar que están en la búsqueda de las personas que lo secuestraron un día antes y previo a amanecer en el sitio con los explosivos.