El removido alcalde de Quito, Jorge Yunda, cuya condición fue ratificada este jueves 1 de julio por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no dejará su cargo. El exfuncionario demoró casi dos horas, desde el anuncio de la ratificación de la legalidad que se siguió en el Concejo Metropolitano para su remoción, para pronunciarse en su cuenta Twitter. 

"El Dictamen del #TCE no me impide el ejercicio de mi cargo, la justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción. Por lo tanto, seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie", escribió cerca de las 13:00.

Para el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) Medardo Oleas es un caso complicado con dos entes judiciales tratando ese punto.

Recordó que el TCE ratifica la legalidad observada por el Concejo Municipal en la destitución, y una jueza de garantías indica que se han vulnerado los derechos personales del alcalde en su destitución, porque no se respetó la imparcialidad que debieron tener quienes tomaron la resolución. Por eso y cómo la resolución fue apelada habrá que esperar la sentencia de la Corte Provincial, señaló.

Coincide con ese criterio el también expresidente del exTribunal Carlos Aguiñaga. Aunque manifestó que, con el pronunciamiento del TCE termina el proceso de remoción iniciado en el Concejo Metropolitano, "sin embargo, al existir una acción de protección hay que ver qué dice la sentencia de instancia, pero si está apelada, no hay pronunciamiento en firme sobre esa materia".

Con ese criterio no coinciden constitucionalistas como Ismael Quintana. Él señala que la decisión del TCE se tiene que hacer cumplir. "Jurídicamente él ya ha dejado de ser alcalde de Quito", señala el constitucionalista. Recuerda que la acción de protección no le va a servir para salvar el puesto porque no impugnó la resolución por la que se le removió sino el informe de la Comisión de Mesa y ese informe no tenía ningún valor jurídico en el sentido de que, para salvar el puesto, no le sirve. Dice que hay que esperar que cause ejecutoria. Pero, si es que Yunda persiste en mantenerse en el cargo, opina que le corresponde al Concejo Metropolitano hacer cumplir incluso con la ayuda de la fuerza pública. Porque, de persistir en su afán de seguir en el cargo se enfrentaría hasta a acciones penales por usurpación de funciones. 

Quintana aclara que en la acción de protección la jueza Domínguez ha dicho que el proceso de remoción se suspende porque no era para eso la acción o que ha dejado sin efecto la decisión de la acción de remoción. "Está equivocado el doctor Jorge Yunda o el equipo de abogados que le ha aconsejado a salir a decir semejante locura", agrega.

El también constitucionalista Rafael Oyarte coincide que la resolución de remoción está en firme incluso si es que piden aclaración y ampliación. "No puede ejercer el cargo salvo que quiera incurrir en usurpación de funciones", añadió. 

Sobre la acción de protección aclara que Jorge Yunda ataca el informe de la Comisión de Mesa no la resolución de remoción y el informe no fue el acto decisor porque no obligaba a tomar una u otra decisión sobre remover o no remover.

Este jueves, cientos de personas se presentaron en los exteriores del Tribunal Contencioso para respaldar al alcalde que, mientras ese organismo resolvía su consulta a la remoción, asistía a la Administración Zonal Los Chillos junto con gerentes y secretarios para atender requerimientos ciudadanos de Alangasí, La Merced, Amaguaña, Guangopolo y otras.

La Policía Antimotines se colocó entre los simpatizantes de Yunda y de decenas de personas que apoyaban la salida del funcionario a quien señalan por posibles actos de corrupción.