Los interminables papeleos y requisitos que necesitabas gestionar en cada trámite estatal quedaron en el pasado. El primer paso será decirle adiós a las copias de cédula y títulos.

La Ley Orgánica de Simplificación y Optimización de Trámites Administrativos finalmente fue remitida al Registro Oficial y con eso, la atención en instituciones públicas planea efectivizarse. La propuesta fue planeada en abril pasado y recibió la aprobación en el pleno de la Asamblea Nacional en el mes de agosto.

Pero ¿de qué trata? Se puede decir que su principal objetivo es agilitar los engorrosos procesos burocráticos, ahorrar tiempo, dinero, y si lo piensas un poco hasta papel. Entre otras cosas, también regula los costos de gestión, con el fin de facilitar la relación del público y la administración.

Aunque la demora en los trámites podría no parecer un gran problema, el estudio titulado ‘El Fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital’, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, mostró que se pierden valiosas horas en estas diligencias.

Si te preguntas cuándo toma realizar algún papeleo en Ecuador, la respuesta es: cuatro horas. Tan solo una hora menos que el promedio de los países de Latinoamérica. Bolivia es el país en el que mas tarda realizar estas gestiones con un promedio de 11,3 horas; seguido por Perú con 8,6 horas y Colombia con 7,4 horas.

En este escrito se muestra que los servicios en línea serían una solución efectiva para este problema.

Si todavía no te queda claro, Extra te explica algunos puntos de esta nueva ley.

-El Sistema de Registro de Datos Públicos será empleado para realizar cualquier gestión. Ya no se necesitará presentar documentación personal dado que toda la información reposa en la base de datos.

- Todas las instituciones públicas deben seguir la ley. Los trámites administrativos que se gestionan en los organismos de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, en la Procuraduría y la Corte Constitucional, las entidades que integran el régimen autónomo como el caso de la provincia de Galápagos y la región Amazónica; empresas públicas, entidades del seguro social, entre otras, deberán aplicarlo.

-Las instituciones tienen prohibido pedir documentos originales o copias —simples o notarizadas— de títulos de bachiller o de títulos de educación superior que consten en la plataforma del Ministerio de Educación o de Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

-Tampoco se puede exigir el cumplimiento de requisitos y procedimientos que no estaban vigentes cuando iniciaste tu trámite.

-Ya no es necesario requerir la presencia física de la persona solo para solicitar información.

-Por último se haba de la implementación de una plataforma de pagos en línea.