Las trabajadoras sexuales de Ecuador celebraron este jueves 15 de diciembre un I Congreso contra la violencia a ese sector que busca, entre otras cosas, crear herramientas que permitan el reconocimiento de sus derechos laborales y poner fin a una historia de discriminación y agresiones.

Dicho encuentro, en conmemoración del Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, se celebró en un auditorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con sede en Quito.

David González, presidente de la Plataforma Latinoamericana de personas que ejercen el trabajo sexual (Plaperts), destacó a Efe la apertura de espacios de la Academia, como la Flacso, para que se conozca y analice la situación de este sector.

Y aunque no se tiene una cifra, las organizaciones del sector calculan que unas 900.000 personas (mujeres, hombres y transexuales) ejercen en el país el trabajo sexual en diferentes modalidades: En situación de calle, en los llamados espacios de tolerancia, por redes sociales o a domicilio.

El I Congreso sobre violencia en el trabajo sexual busca abrir un debate para "visibilizar" a este segmento de la población que ha sido históricamente discriminado, aseguró González.

"Estamos buscando el acceso a la seguridad social" y "plenas garantías laborales" para las personas que ejercen este trabajo, añadió al precisar que el encuentro permitirá elaborar herramientas para hacer un cabildeo ante el Gobierno, la Asamblea Nacional (Parlamento) y los municipios.

Según González, pese a los avances que el trabajo sexual ha obtenido en los últimos años en el país, este sigue siendo "estigmatizado, criminalizado", sobre todo las personas pobres que lo ejercen, aunque también hay fuertes dosis de misoginia y machismo.

También las fuerzas del orden ejercen la violencia contra las trabajadoras sexuales y por ello se requiere que la normativa acoja a este tipo de actividad, añadió.

Se busca que "se respeten los derechos, el acceso al espacio, al libre tránsito, a la libertad estética y sexual y el derecho al trabajo", concluyó.

De su lado, Nelly Hernández, presidenta del sindicato de Trabajadoras sexuales del centro de Quito, remarcó que el objetivo principal del sector es que se reconozca la actividad en el Ministerio de Trabajo.

Y es que, según ella, la violencia que muchas veces se ha expresado contra este colectivo, tiene su base en la ausencia de garantías laborales.

Las autoridades, a veces, cometen atropellos, clausuran hoteles y muchas trabajadoras son víctimas de chantajes y extorsiones, añadió Hernández.

"Muchas veces nuestros hijos no saben que ejercemos el trabajo sexual y entonces las autoridades nos chantajean" con avisarles, relató.

Por ello, este sector quiere "proponer la iniciativa en la Asamblea Nacional para que se reconozca como un sector laboral", agregó Hernández cuyo sindicato acoge a unas 1.500 personas que ejercen la actividad en las calles del centro de Quito, así como a través de redes sociales.