Lo quemaban y golpeaban. Le hundían la cabeza en un tanque lleno de agua y no lo alimentaban. Esa era la ‘terapia’ que recibía Luis para que supuestamente dejara de ser homosexual, mientras permanecía recluido –contra su voluntad– en un centro donde trataban adicciones, situado en la provincia de Santa Elena.

Este fue el último caso que salió a la luz en Ecuador.

Tras una denuncia de la Asociación Silueta X, en mayo pasado, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada -Acess, ente que controla esos espacios-, junto con otras entidades, clausuraron el establecimiento de manera preventiva. Pero porque no tenía los permisos.

Funcionaba bajo la pantalla de un Centro Especializado en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas (Cetad), pero, según Silueta X, al parecer, también ofrecía “terapias de deshomosexualización”.

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El sufrimiento de Luis no terminó allí con el cierre del lugar. El joven habría sido “secuestrado” por el director del centro, detalla Silueta X. Y hasta el 31 de mayo desconocían su paradero. “Solicitamos a las autoridades capturar a los responsables”, decía el boletín. Pero, ¿los hay? ¿Podrían ser sancionados?

Este y otros casos han puesto sobre la mesa –una vez más– una realidad impune sobre los centros de tortura para la población LGBTIQ+.

¿NORMATIVAS SIN VALOR?

En 2012, el Ministerio de Salud Pública expidió una normativa sanitaria que prohibía a los Cetad ofrecer terapias de deshomosexualización. En 2016 se emitió otra que prohibía la violencia de género a través de torturas.

Pero en 2020, el Gobierno de Lenín Moreno descartó la aprobación del Código Orgánico de la Salud (COS) que prohibía la oferta de servicios que pretendan cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Hay un vacío legal y las vulneraciones continúan.

Para Danilo Manzano, director de la Fundación Diálogo Diverso, que trabaja en la protección de los derechos de la población LGBTIQ+, hay una explicación detrás: “La falta de recursos económicos, de equipos técnicos, de voluntad política y de conocimiento del tema”.

En abril de 2023 recibió una denuncia. Un hombre homosexual, de 31 años y médico de profesión, fue secuestrado en complicidad de su familia para que lo ingresaran en un centro de terapia para alcohol y drogas. “Se presume que el encierro se relacionaba con su orientación”, acota.

La víctima había estado recluida cinco meses en un lugar de Sangolquí, a las afueras de Quito. Lo más alarmante –recuerda– fue que al liberarlo, el hombre ni siquiera sabía que estaba en Pichincha. Pues lo habían llevado encapuchado desde el cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Dos semanas después, el caso de Juan (nombre protegido) se hizo viral en redes sociales, después de que su rostro apareciera en afiches como persona desaparecida y, luego, cuando él mismo publicó un video. Decía que sus padres lo habían llevado a un centro de ‘terapias de conversión’ en Cotacachi.

Fue su mejor amiga que denunció que a Juan, un profesional de 27 años, lo habían retenido. La fiscal del caso intervino y, tras conversar con el chico, supo que estaba allí contra su voluntad. Fue liberado y recibió acompañamiento de Diálogo Diverso, relata Manzano.

Días más tarde, el centro donde Juan estuvo retenido fue clausurado por la Acess. No porque allí ofrecían ‘terapias de deshomosexualización’, sino porque el permiso de funcionamiento había caducado en 2021, lo que da cuenta de que “no se están haciendo las visitas efectivas a estos establecimientos”, advierte Manzano.

Insiste en que la sanción no debe recaer solo en el centro, sino también en el dueño o representante del lugar o en la familia si fuera cómplice. “Tiene que haber la aplicación de un delito”, señala.

Pero nada está claro aún.

UN VACÍO EN LA LEY

Alexis Reyes, director de procesos sancionatorios de la Acess, explica que existe un acuerdo ministerial que regula las tipologías de establecimientos de salud. “Dentro de estas no existen las clínicas de deshomosexualización, porque no se reconoce este tratamiento”.

Por eso –según Reyes– la Ley Orgánica de Salud no prevé una infracción o tipicidad para estos establecimientos clandestinos. “Esta tarea le corresponde a la Asamblea Nacional legislar y tipificar las infracciones”, detalla el director. Mientras que si se mira desde el enfoque del Código Orgánico Integral Penal (COIP), eso ya le corresponde a la Fiscalía.

Reyes dice que los delitos de acción pública son lesiones y, en el caso de las ‘terapias’, podrían ser casos de tortura y delito de odio. Mientras que por la vía administrativa, Acess cuenta solo con la Ley Orgánica de Salud, cuyas infracciones –menciona el director– no son específicas para la comunidad LGBTIQ+.

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Por el incumplimiento de permisos de funcionamiento sí se sanciona a estos espacios hasta con cinco salarios básicos unificados (2.125 dólares). Además, se aplican clausuras temporales. Y si hay reincidencia, clausura definitiva.

Acess se creó en 2015, pero en 2017 empezaron sus competencias reales, después de que el Ministerio de Salud se les transfiriera. Desde esa fecha hasta mayo de 2023 se han realizado 393 operativos en el país (ver en la infografía).

Pero no es suficiente, lamenta Manzano. Advierte que Acess “no cuenta con la capacidad económica ni operativa para hacer una revisión permanente de los Cetad y ver que no estén ofreciendo terapias que atenten contra la vida de las personas LGBTIQ+”.

Sin embargo, Reyes asegura que se ha hecho una investigación minuciosa en las nueve zonales del país, donde se han detectado tres casos.

Existen tres centros “identificados como clínicas de deshomosexualización”. Dos están en Manabí, donde uno ya tiene resolución sancionatoria y el otro aceptó una apelación. Mientras que el tercero fue clausurado en Cotacachi. Fue el mismo en el que estuvo Juan.

UNA MESA INTERINSTITUCIONAL

Se activó una mesa interinstitucional para trazar la hoja de ruta de cierre de estos centros que intentan modificar la orientación sexual o identidad de género, encabezado por la Subsecretaría de Diversidades, Diálogo Diverso y otras entidades como la Defensoría del Pueblo y Acces.

Manzano reclama que “hasta hace tres semanas (mediados de mayo) no había un espacio articulado desde el Estado que estuviera trabajando en la identificación de estos lugares que ofrecen terapias de conversión”.

Sin embargo, Alexander Guano Monteros, subsecretario de Diversidades del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, asegura que “hemos estado trabajando en los últimos meses en una propuesta de ruta integral e interinstitucional para solventar la necesidad y la problemática que representan estos espacios que funcionan por fuera de la ley”.

“Nosotros, viendo esta necesidad que incluso está visibilizada dentro del Plan de Acción de Diversidades, la primera herramienta para generar política pública en el país (...), hemos levantado una propuesta borrador”, detalla Guano.

Esta ruta busca establecer las competencias específicas en las instituciones del Estado para el cierre de estos centros, la atención y restitución de los derechos de las personas vulneradas y sanciones para los responsables.

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Por su parte, Carlos Albán, director nacional del Mecanismo de Prevención contra la Violencia de las Mujeres y basada en género, de la Defensoría del Pueblo, señala que ha iniciado una investigación defensorial.

“Es un mecanismo que tenemos para efectuar en caso de una posible vulneración de derechos”, explica. Por ahora están en la fase de recepción de documentos que conforman la mesa interinstitucional y dentro de seis meses deberán presentar un informe, que puede tener exhortos o recomendaciones.