La aplicación del estado de excepción, cuya vigencia llegará a su fin el lunes 8 de abril de 2024, no es la solución a la violencia criminal desatada con crueldad en los últimos días de marzo en gran parte del Ecuador. Así lo sostienen tres especialistas consultados por EXTRA (vídeo al final de la nota). Ellos coinciden en que debe haber un plan integral para combatir la delincuencia organizada, que solo entre el jueves 28 y el domingo 31 de marzo dejó al menos 30 muertos por acciones violentas. Los expertos creen que hasta el momento no se ve tal estrategia, sobre todo porque las cifras reflejarían improvisación.

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En los datos oficiales del denominado Plan Fénix, entre el 9 de enero y el 11 de marzo de este año (los últimos publicados), se evidencia un alto número de aprehensiones. Sin embargo, al prestar atención a las ‘letras pequeñas’, queda expuesto que el porcentaje de detenidos por su relación con bandas terroristas es ínfimo (ver infografía). Por ese motivo, la afectación a estos grupos no sería la esperada y es lo que habría llevado a que el país, nuevamente, empiece a sentir que el terror no se ha ido.

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), explica que existe una ausencia de fortalecimiento institucional y que “más allá de la declaratoria de conflicto armado y estado de excepción, que lo que hace es sacar militares a las calles”, se debe considerar que la lucha contra el crimen organizado es “multidimensional y se debe dar básicamente desde el abordaje de todo el sistema de seguridad y justicia”.

Para él, la disminución de homicidios que se registró en los primeros días del estado de excepción fue únicamente un resultado temporal. “Lo que estamos viendo es que la militarización no funciona en el contexto (...). Las organizaciones criminales se adaptan a nuevos entornos de violencia. Ante la ausencia de un fortalecimiento institucional, era de esperarse”.

Julio César Cueva, abogado experto en Derecho Constitucional, reitera que si no hay una política pública en materia de seguridad ciudadana y criminología, “no importa cuántos estados de excepción tengamos, nunca se va a resolver el problema”. Para el jurista, el inconveniente es que las medidas que se han tomado son para situaciones excepcionales. “En consecuencia, duran muy poco tiempo (...). El problema de la delincuencia es de todos los días, no de tres meses, no de seis meses”. Por eso, concluye que el crimen organizado ha logrado “sobrevivir a cualquier estado de excepción”.

Cueva argumenta que la muy baja cantidad de detenidos relacionados con los considerados grupos terroristas evidencia que “no hay un plan”, es decir que el tema se ha manejado de manera improvisada. “Es como el pescador que tira las redes a ver qué pesca y a ver si sale algo que valga la pena”. Para reforzar su punto añade que esta situación es como si el país tuviera cáncer y para combatirlo solo estuviera “tomando pastillas para el dolor de cabeza, pero sin atacar la enfermedad como tal”.

En uno o dos años la respuesta será la misma, si no se toman medidas integrales y se llega a un consenso con otros actores políticos, para mantener las decisiones en favor de la seguridad, independientemente del gobernante de turno, afirma Cueva.

Kléber Carrión conoce de cerca el combate contra el crimen organizado. Sus credenciales como exoficial de Inteligencia, fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), ente a cargo del sistema penitenciario, en Santo Domingo de los Tsáchilas, lo llevan a opinar que la situación delictiva en Ecuador no ha sido contenida, aunque se ha logrado “un cierto control de varias actividades”.

Considera que la ciudadanía ya ha normalizado estas medidas tomadas por el Gobierno, pero aclara algo que “también hay que decirlo: el estado de excepción no ha tenido un cumplimiento tan rígido como en los primeros días”. Eso ha permitido la reacción de los delincuentes, porque además se ha registrado un incremento en delitos como el secuestro o la extorsión, pese a que el Gobierno ha empezado una campaña que expone la supuesta reducción de estos hechos delictivos.

“Estos delitos, al margen de lo que se diga desde las autoridades, tienen una cifra muy elevada. ¿Por qué? Porque el primer requisito de los delincuentes es que no se dé aviso (existen amenazas). Entonces, hablar o dar como ciertas las cifras que dan nuestras autoridades creo que no es prudente ni es efectivo”, señala Carrión. Advierte que hay que tener cuidado con estos datos, sobre todo, porque “estamos en un año electoral y las autoridades no quieren develar sus dificultades y sus debilidades”.

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