El proceso judicial está paralizado, pero las secuelas continúan intactas. Los sobrevivientes del naufragio de una embarcación en las islas Galápagos exigen que la justicia acelere la marcha.

Hoy, 25 de septiembre del 2023, se cumple un año de la tragedia del yate Angy, el cual se hundió en las aguas del océano Pacífico y dejó cuatro fallecidos. Dos ecuatorianos y dos extranjeros.

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Los familiares de las víctimas y las personas que lograron salvar su vida esperan que las autoridades castiguen a los responsables.

Sin embargo, hasta la fecha, hay militares procesados, pero no hay ningún detenido y los afectados temen que los presuntos culpables de la desgracia queden absueltos y el caso se ‘hunda’ en el olvido.

Andrea Chila sobrevivió al naufragio, pero su hermana no. Murió ahogada. Desde entonces, la joven ha tenido que sobrellevar el dolor de su madre y ha hecho lo posible para que se haga justicia por el caso.

Su progenitora casi termina internada en un hospital porque tenía síntomas de depresión, ideas suicidas, dificultad para concentrarse, insomnio, desorientación y escalofríos. La señora fue derivada a un psiquiatra porque todavía no supera la pérdida de su hija.

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Que se haga justicia

Jéssica Jaramillo, abogada de las víctimas, señaló que el proceso no avanza porque es la cuarta vez que la fiscal del caso no acude a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El caso es investigado por los delitos de homicidio culposo y lesiones.

Existen ocho militares de la Armada procesados, pero ninguno está detenido. Además, el administrador del yate Angy y el capitán del mismo se encuentran prófugos.

Jaramillo añade que la fiscal debería vincular al proceso a autoridades de la Fuerza Naval y del ECU-911 como instituciones del Estado que cometieron negligencia antes y durante la emergencia.

En el caso de la Armada, porque aparentemente no hizo los controles adecuados ni siguió los protocolos para el viaje en la embarcación. “La nave tenía sobrepeso. Había más pasajeros de los que debían estar”.

En cambio, desde el ECU 911 habría responsabilidades porque existe el registro de que las víctimas llamaron 78 veces y se demoraron entre cuatro a seis horas en rescatarlos.

Para acelerar el proceso judicial, enviaron cartas a la fiscal provincial de Galápagos para que revisara el caso y se puso en conocimiento de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que el juicio no avanza. “Que la Fiscalía haga su trabajo”.

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