Los recovecos legales siguen siendo los ‘ases’ que usan los criminales para continuar delinquiendo sin mayores consecuencias. Y un ejemplo ha sido Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, cabecilla de Los Lobos, según las autoridades.

El jueves, él fue aprehendido junto con ocho sujetos, en Quevedo, Los Ríos, en un operativo de desarticulación de bandas delictivas. Ellos tenían armas pesadas, 33 paquetes de droga y artículos similares a los del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Pero lo sorprendente fue que al revisar los datos del Gordo, los agentes se percataron de que él tenía medidas sustitutivas a la prisión por un delito de porte de armas. Debía presentarse en la Fiscalía de Quito.

¿Qué pasó? El Gordo y otros cuatro sujetos habían sido aprehendidos el 8 de diciembre en el sur de Quito. Según los informes, los gendarmes los interceptaron en una camioneta Ford blanca blindada, pues tenían “actitud inusual”. Ellos huyeron. Los persiguieron y cuando los alcanzaron vieron que tenían un arma con municiones.

LA QUEJA

Ante esta situación, Guillermo Lasso, presidente de la República, declaró “enemigo de la seguridad pública y defensor de delincuentes” al juez Vicente Rubén Oña, quien en esa ocasión dio medidas sustitutivas a todos los detenidos que andaban con el líder de Los Lobos.

“Uno de ellos es el presunto responsable del asesinato del director de la cárcel de El Inca (Santiago Loza)”, dijo Lasso, sin precisar quién de los detenidos.

Según el presidente, Oña los puso en las calles de nuevo, un par de horas después de la aprehensión. “No puede ser que el esfuerzo de la Policía termine en la irresponsabilidad de un juez”.

Ayer se esperaba la audiencia de formulación de cargos por la nueva detención del Gordo Luis.

EL ANÁLISIS

Arboleda tiene antecedentes penales por asesinato, asociación ilícita, homicidio intencional y tráfico de armas, algo que ha llamado la atención de las autoridades como Lasso.

¿Por qué el Gordo andaba libre con ese prontuario? Roberto Calderón, abogado penalista, lo analizó.

En primer lugar, las medidas solicitadas por el juez durante la primera detención no fueron descabelladas. “Si los encontraron con un arma en un vehículo la investigación se inicia para establecer responsabilidades”, explicó.

Es decir, que no se podía establecer directamente quién de los cinco era el dueño o portador de aquella evidencia, por lo que no se podía ordenar encarcelarlos.

Tampoco podían retenerlos por su prontuario delictivo como el que tiene Arboleda. Esto porque no existen boletas de capturas o sentencias ejecutoriadas por los delitos por los que había sido denunciado.

“La Constitución ampara que nadie puede ser detenido por denuncias anteriores, porque se trataría de un caso de discriminación”, finalizó.