A nueve años de 'cana' fueron sentenciados dos galenos en Quito. Lesiones permanentes por una supuesta mala práctica médica son los cargos de los que se los acusa.

El hecho ocurrió en 2014, en una clínica privada de Cumbayá, en el oriente de la capital, que ofrecía partos humanizados.

Diana Cornejo tuvo a 'Manu' en ese lugar. Nació prematuro. La falta de un respirador mecánico neonatal y la ausencia de atención adecuada son según ella, las causas de que su hijo, que ya tiene siete años, haya sufrido de una parálisis cerebral.

Ese diagnóstico orilló a sus padres a dejarlo todo y viajar a Chile, en busca de tratamiento para el infante e iniciar una causa legal en contra de Diego Alarcón, encargado de la casa de salud y de otra doctora que también estuvo en el parto.

“El médico sabía que la madre tenía antecedentes de parto prematuro, pero no se preparó. La clínica no tenía permisos, el médico no era ginecólogo, no tenían ambulancia ni convenio con un hospital para manejar la emergencia”, describió Pablo Encalada, abogado de la familia de 'Manu', quien también reveló que el bebé debió esperar más de 12 horas hasta que recibiera la asistencia médica que necesitaba.

La audiencia de juzgamiento comenzó a finales del año pasado, pero no fue hasta el sábado cuando el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dictó sentencia en contra de los médicos.

Además de la pena privativa de libertad, deberán asumir una reparación integral en favor de la víctima de 50 mil dólares.

Para Cornejo, el proceso -que lo vivió de forma telemática desde el sur del continente- ha sido “desgastante y doloroso”, pero le deja una sensación de satisfacción, pues considera que la medida judicial evitará que otras familias enfrenten lo mismo que la suya.

“Él (Alarcón) ya ha tenido otros cuatro juicios, pero los casos son un montón. Muchas causas no han prosperado”.

El médico, por su parte, habla de una condena injusta e inadecuada y que la causa de la parálisis cerebral de la criatura sería genética.

Para él, la motivación de la familia para la demanda, es económica. Incluso los acusa de haber exigido una indemnización de 600 mil dólares.

Su defensa interpondrá un recurso de apelación a la sentencia que de no ser aceptada por las razones genéticas que Alarcón expuso, espera que lo sea por inconsistencias legales.

Esto debido a que el hecho ocurrió en 2014, año en que el Código Penal sentenciaba con hasta 3 meses de cárcel estos delitos.