Entre las medidas del nuevo decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso para ayudar a combatir la inseguridad, está el permitir que los ciudadanos puedan portar armas para su defensa.

Esto ha generado incertidumbre en la gente, porque algunos piensan que la regulación del uso de ‘fierros’ les permitirá disparar a lo loco, sin caer en un proceso legal. Hay que tener claro que no es así.

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Sergio (nombre protegido) ha trabajado como guardaespaldas de dueños de empresas por más de dos décadas. Sin embargo, el hombre estuvo involucrado en una investigación penal luego de que, según él, en defensa propia les disparó a dos sujetos que pretendieron secuestrarlo.

Sucedió en el 2008, tres años antes de que se estableciera el decreto ejecutivo que prohibía el porte y tenencia de armas de uso civil. Sergio abordó un taxi y dos delincuentes se subieron junto a él e intentaron someterlo para raptarlo. Sin embargo, Sergio sacó su arma y les disparó.

Uno de ellos murió y por eso tuvo que ir a un juzgado periódicamente por casi cuatro años para demostrar que su vida estaba en peligro y que actuó en legítima defensa. Esto pese a que estaba entrenado y tenía el permiso para llevar el arma.

RIESGOS

El abogado Christian Cañar, experto en criminología, explica que existen riesgos e implicaciones legales en torno al tema. Para el experto, tener licencia para portar un arma no exime a la persona de ser procesada o incluso ser involucrada en una investigación penal.

Cañar enfatiza que no se debe confundir la tenencia y el porte con la libertad de disparar. “La población entiende que ahora tendrá la oportunidad de defenderse y no es así”.

Según el jurista, no existe una consciencia jurídica en la población sobre el tema, y el hecho de liberar el porte de armas para la sociedad “significa un enfoque de violencia que puede desencadenar resultados muy desfavorables”.

Cañar enfatiza que el Gobierno primero debe socializar la medida y acompañarla con capacitaciones para que la población entienda que no es cuestión de atacar, sino de repeler un ataque. “Que esta defensa sea racional y se cumpla en la ejecución del acto”.

Si esto no se cumple, según el experto, todas las personas que utilicen su arma pueden ser procesadas penalmente.

En un caso extremo en el que se le quite la vida a alguien por defensa propia, Cañar indica que el abogado del implicado deberá aducir que lo hizo en legítima defensa, siempre y cuando se analice la proporcionalidad y otros aspectos legales que vuelvan legítimo su accionar.