Desde una celda de máxima seguridad, Carlos Edwin Angulo Lara presuntamente orquestó el asesinato de Fernando Villavicencio.

La fiscal Ana Hidalgo asignó a Angulo un papel destacado en el crimen del exasambleísta y excandidato a la Presidencia de la República, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

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El 27 de febrero, Hidalgo presentó su dictamen fiscal en la audiencia preparatoria de juicio contra seis personas, incluyendo a Angulo, Laura Castillo Velin, Alexandra Elizabeth Chimbo Farinango, Óscar Andrés Flores, Víctor Alfonso Flores y Erick Marcelo Ramírez Párraga.

La evidencia clave incluyó informes de celdas telefónicas, análisis de IP, pericias de identificación humana y extracción del contenido de los celulares. Hidalgo subrayó que, durante los hechos, Angulo Lara estaba en una celda numerada de máxima seguridad en la cárcel de Cotopaxi y se comunicó con la banda "Los Invisibles", afiliada a la organización narcoterrorista "Los Lobos".

Angulo, cumpliendo una sentencia por robo con violencia, tenía antecedentes por receptación, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

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En la mañana del 9 de agosto de 2023, Angulo envió un video desde su celda a sus cómplices, identificándolo. La fiscal afirmó que hubo comunicación intensa entre Angulo y sicarios colombianos contratados para el asesinato.

Se destacó la participación de Laura Dayanara Castillo, alias "la flaca", quien proporcionó logística para el crimen, incluyendo motocicletas, dinero y armas de fuego.

Los teléfonos incautados revelaron fotos de armas de fuego, imágenes de Villavicencio y camisetas con el logo de "Construye". Un testigo protegido proporcionó detalles sobre la reunión de planificación del crimen en una casa de Quito, un día antes del atentado.

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Dos motocicletas utilizadas en el crimen fueron abandonadas cerca del colegio T.W. Anderson, donde Villavicencio fue asesinado. Una huella dactilar en un vehículo condujo a Andrés Manuel Mosquera Ortiz, ya fallecido, vinculado al crimen.

A pesar de su muerte, la situación legal de Mosquera Ortiz y otros se resolvió el 27 de febrero. La jueza Irene Pérez Villacís declaró extinta la acción penal para Mosquera Ortiz y otros involucrados.

La audiencia continúa, y se espera la decisión de la fiscal sobre si se llama a juicio a los sospechosos como cómplices o autores. Los defensores deben presentar elementos que demuestren la inocencia de sus clientes, a pesar de que la jueza declaró válida toda la diligencia, a pesar de alegaciones de nulidades por parte de los defensores.

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La Fiscalía presentó como evidencia informes sobre torres telefónicas y la interceptación de llamadas, ubicando en tiempo y espacio las conversaciones entre los sospechosos. Alexandra Elizabeth Chimbo Farinango, una de las procesadas, habría sido escuchada discutiendo el crimen y recomendando a alguien no salir a la calle. Chimbo Farinango alegó que el celular que la vincula al caso no era suyo, sino que fue comprado en 10 dólares a su exconviviente. 

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