El escaso control de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la frontera con Perú resulta una amenaza para la estabilidad y seguridad del territorio ecuatoriano, más cuando se vive una guerra interna contra grupos terroristas.

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Sin embargo, este no sería el único problema para los pobladores de Huaquillas, cantón de la provincia de El Oro y principal puerta de acceso (por vía terrestre) desde el país sureño. Desde el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el pasado 8 de enero, un día antes de que las bandas narcodelictivas fueran consideradas como terroristas, quienes viven del comercio y del turismo en esta zona limítrofe también han visto restringidas sus actividades económicas.

En un recorrido realizado por un equipo de EXTRA se constató que en uno de los puntos fronterizos legales, el Puente Internacional Ecuador-Perú, que conecta a Huaquillas con Aguas Verdes (localidad peruana), no se realiza el registro de lo que entra y sale de ambos países.

Debido al escaso control, hace menos de 15 días un hombre ingresó a Ecuador aproximadamente 600 municiones, escondidas en sacos de cebollas.

El detenido, Wilmer Israel Agramonte, de 22 años, es de nacionalidad peruana y en su poder se hallaron balas de diversos calibres (9, 38, 380, 22 y 84 milímetros), envueltas en fundas plásticas. Fue puesto a órdenes de las autoridades locales y procesado de acuerdo con el artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que condena con hasta cinco años de cárcel el porte de armas, municiones y explosivos.

Pero pese a este grave antecedente, no se han tomado los correctivos para evitar que estos objetos bélicos provenientes de Perú entren al país y terminen en manos criminales, agravando aún más la crisis delincuencial.

Paco Moncayo, general en servicio pasivo y consejero del Gobierno de Seguridad Nacional entre abril y junio de 2023, considera que para fortalecer el control en las zonas limítrofes, donde se ha vuelto común el paso de droga, armas y municiones, es necesaria una política común de seguridad, al menos entre los países que conforman la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

“Estamos enfrentando una verdadera amenaza que es el crimen organizado transnacional. Las autoridades de Perú decían recientemente que estaban controlando que el problema ecuatoriano no los contamine; pero es el problema peruano, que es el tráfico de armas, el que ha contaminado a Ecuador. De allá llega el armamento y de Colombia la droga que es vendida por los grandes carteles”, argumenta Moncayo, quien también fue diputado, alcalde de Quito, asambleísta y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Sostiene que debido al auge delincuencial que azota al país, es fundamental fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero no solo con el incremento de militares, sino con un desarrollo tecnológico, lo que ayudará a combatir al enemigo interno, que es el que está en las calles, pero sin descuidar la protección de las líneas divisorias. “Las fronteras son la piel del Estado y las enfermedades se las nota por la piel. Hay procedimientos que se cumplen en todo el mundo, no se pueden hacer cosas improvisadas”.

El mayor Edwin Freire, jefe de operaciones del distrito Huaquillas, explica que tras el decreto ejecutivo firmado el 1 de enero pasado, en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) a los extranjeros que ingresan a Ecuador por las fronteras de Perú y Colombia se les exige un certificado de antecedentes penales de su país de origen, o de su lugar de residencia de los últimos cinco años. Sin embargo, en el Puente Internacional la situación es complicada porque existe una actividad de libre comercio entre ambos país.

Son aproximadamente 5.000 personas las que a diario entran y salen de Ecuador y Perú por este paso limítrofe, y no todos los que cruzan la frontera se internan en nuestro país, ya que en su mayoría realizan actividades comerciales de ida y vuelta, detalla Freire.

“En este espacio fronterizo, por ser comercial, hay libre paso. La semana anterior, en el interior de sacos de cebolla se encontraron municiones, pero ponerse a revisar a todo ciudadano que ingresa es difícil. No tenemos disposición de revisar la mercadería que entra, porque no pasan por la Aduana. La frontera es grande y permeable, hay un sinnúmero de pasos clandestinos donde no hay ningún control fijo”, agrega.

Para mayor control en la zona, personal de la Unidad de Coordinación de Control y Contingencia Fronteriza realiza inspecciones tanto en la frontera de Huaquillas como la de Arenillas. En operativos se ha incautado mercadería de contrabando y dentro de esta, armas de fuego y municiones.

Este Diario también se acercó a las oficinas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) del distrito Huaquillas, para conocer los controles y medidas que se han tomado para impedir el ingreso de armas por la frontera. La respuesta fue remitida a través de un documento, en el que se indica que esto es una atribución de otras dependencias del Estado, como Fuerzas Armadas y Policía.

No obstante, durante los controles aduaneros, si se observa que existe un riesgo con respecto al paso de armamento, se pone en conocimiento de las autoridades. “El último hallazgo de armas se dio a finales de noviembre de 2023 durante un control de carretera. Las armas estaban valoradas en 8.000 dólares”.

Los comerciantes peruanos también se han visto afectados por la ‘guerra’ al terrorismo, pues su nivel de ventas se ha visto disminuido hasta en un 70 %.

Juana Livera es oriunda de Cuzco, pero desde hace 15 años este paso fronterizo, dividido por un puente de 100 metros ubicado sobre un río seco, se ha convertido en su lugar de trabajo y también de decenas de comerciantes que subsisten gracias a la venta de alimentos, ropa, calzado y productos electrónicos.

“Desde que comenzó el estado de excepción en Ecuador, solo vendo 10 o 20 dólares diarios, a veces nada. Antes lo mínimo era 60 o hasta 100 dólares. Venían muchos ecuatorianos, ahora hay temor y prefieren no pasar la frontera”, explica.

El vendedor de calzados Pool Ulloa, oriundo de Trujillo, noroeste de Perú, afirma que la crisis delincuencial que azota a Ecuador ha reducido aún más el nivel de ventas. Y que si enero era malo para el comercio, ahora está peor.

Para el ecuatoriano Segundo García, su mayor temor es que mientras esté en su puesto de trabajo exista un saqueo o un hecho criminal como los ocurridos antes del estado de excepción. “Ya ha habido varios muertos del lado de Ecuador. En la otra frontera peruana se ve uno que otro policía”, menciona el huaquillense.

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