Por sus antecedentes penales, César Gustavo Icaza Coronel, la persona que brindaba seguridad al abogado Miguel Ernesto Santos Burgos, director del área de Planeamiento y Territorio del Municipio de Durán y quien fue asesinado junto a él, la tarde del jueves, era toda una ‘joyita’, aunque también fue miembro de las Fuerzas Armadas.

Icaza, de 40 años, registraba procesos por delitos como trata de personas (2013), atentado contra el pudor, violación y estupro (2013), tráfico de droga (2014), violencia sexual (2014), maltrato o muerte de mascotas y animales (2020), consta en la página de la Función Judicial. Tenía dos meses trabajando como escolta del funcionario municipal, quien habría recibido amenazas por su labor dentro del Cabildo.

La tarde del atentado, Santos Burgos, luego de terminar su jornada laboral en la Alcaldía, se subió a un taxi amarillo, conducido por Víctor Manuel Buñay Barba, de 64 años, quien también fue alcanzado por los disparos y falleció.

Lee más: Cuenca: Expolicías fueron condenados a casi 35 años de cárcel por muerte de comerciante

El ataque se registró en las calles Loja y Manabí, a dos cuadras del Municipio. Los asesinos se movilizaban en un vehículo Chevrolet de color plomo y antes de disparar a quien presuntamente sería su ‘blanco’, Miguel Ernesto, balearon a su escolta, cuyo cuerpo quedó junto a la motocicleta que conducía.

“Policías que estaban cerca iniciaron una persecución para ubicarlos. El auto en que se movilizaban fue hallado en La Herradura. Adentro se encontró un arma de fuego, tenía huellas dactilares que podrían ayudar a ubicar a los responsables. Conocemos que el funcionario estaba amenazado por un tema de tierras, por eso y por lo ocurrido con el alcalde, contaba con seguridad”, indicó una fuente policial.

El 15 de mayo pasado, el alcalde Luis Chonillo fue víctima de un atentado, donde fallecieron dos policías que le daban seguridad y un repartidor de lácteos que circulaba por el sector.

A través de un comunicado, la primera autoridad duraneña expresó sus condolencias a los familiares tanto del funcionario como de las víctimas colaterales.

En 2019, Santos Burgos fue candidato a alcalde de Durán por el Movimiento 117. En las elecciones de 2023 se candidatizó para concejal, sin embargo, no ganó las elecciones y pasó a ser parte del equipo de trabajo del alcalde Chonillo.

El coronel Jorge Hadatty, jefe del distrito Durán, dijo que no emitiría más declaraciones porque “el caso está en investigación”. En este cantón en lo que va del año se han registrado 133 asesinatos, 52 más que el 2022 en el mismo período. (AEB)

Funcionarios trabajan bajo constante amenaza

Un ex alto funcionario del Registro de la Propiedad de Durán, quien se expresó bajo condición de anonimato, aseguró que en el Municipio del cantón se conocía de las amenazas a Miguel Santos Burgos, las cuales habrían estado relacionadas con las funciones que desempeñaba en el Cabildo.

Indicó que como director de Planeamiento y Territorio, Santos tenía que resolver temas de los asentamientos irregulares, que algunas de las decisiones que tomaba al respecto perjudicaban a las bandas criminales que ocupan esos territorios y que esto pudo motivar el crimen.

El informante también aseguró que no se trata de un caso aislado, sino que son varios los funcionarios del Cabildo duraneño los que han sufrido amenazas o atentados.

“A mí me intentaron secuestrar saliendo del Municipio, un carro sin placas y vidrios oscuros me siguió por más de ocho minutos. Afortunadamente, hubo un accidente en la estación ferroviaria y logré perder al vehículo, luego me enteré de que eran los Latin King”.

También relató que a un director jurídico lo llamaron a extorsionarlo y le pidieron $ 50.000 y que si no pagaba “no iban a descansar hasta secuestrarlo. Lo mismo ocurrió con un director de Compras Públicas, a quien incluso lo hirieron con perdigones”.

Añadió que a causa de las constantes amenazas, muchos funcionarios han preferido renunciar a sus cargos. (MVV)

El experto: “Durán se le salió de las manos al Estado”

María del Mar Gallegos, jurista experta en temas penales y criminales, considera que el Estado de derecho en Durán está roto, que la libertad con la que actúan los grupos criminales demuestra que el Gobierno es incapaz de garantizar la seguridad y esto ha propiciado una suerte de “Estado paralelo”, regido por los grupos criminales.

“Si bien no hay complicidad desde los términos jurídicos, la falta de gestión en el tema seguridad sí lo vuelve responsable. Se está viviendo una despacificación en la que, por ejemplo, los jueces no pueden impartir justicia porque ponen en riesgo su vida y hay que entender que si el Gobierno no les garantiza seguridad, no van a actuar como se debe por riesgo propio”, analizó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!