Las balas retumban y Alba, temblorosa, mira a su alrededor. Lo primero que hace la docente es asegurarse de que sus estudiantes estén a salvo. Desde hace un año las voces de sus alumnos se mezclan con el sonido de los disparos. Está consciente de que convive entre el plomo y otros hechos de violencia que azotan el sector donde trabaja, la unidad educativa fiscal Tránsito Amaguaña, ubicada en la cooperativa Balerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil.

Un reflejo de la agresividad que se vive en este sector de la ciudad son los 37 asesinatos registrados desde 1 al 19 de enero (ver infografía), lo que convierte a este territorio en el más violento del país.

El pasado viernes la maestra fue testigo de un hecho de sangre que dejó cuatro fallecidos y un herido. Se dirigía al plantel donde imparte clases cuando se topó con la terrible escena. El cadáver estaba tirado en la vereda, en el mismo lugar donde el día anterior fueron asesinados dos adolescentes.

“Me movilizaba en la mototaxi, camino al colegio. De repente vi a un grupo de policías, personas curioseando. Alcé la cabeza y era el cuerpo de un hombre que había sido baleado. Ya no me causó sorpresa, se ha vuelto algo cotidiano en este sector”, confiesa Alba.

Sin embargo, no solo este hecho le prueba a la profesora el nivel de violencia en el distrito donde además reside. Aun con recelo recuerda el macabro hallazgo de tres piernas humanas, el pasado 11 de enero, en los exteriores del Tránsito Amaguaña.

“La inseguridad está en todos lados. La delincuencia ha tomado ventaja. El Gobierno debe brindarnos más seguridad, especialmente para los estudiantes. Por ahora solo nos queda encomendarnos a Dios y rezar para que nos proteja, sabemos que salimos, pero si regresaremos a casa no. Antes los delincuentes respetaban a los docentes, ahora nos piden 50 centavos o un dólar, hay que darles para evitar que nos pase algo y tenerlos tranquilos”, cuenta la maestra.

Pero no solo Alba ha vivido de cerca la crueldad con la que opera la delincuencia que azota a este sector del noroeste de la ciudad, que alberga a 125 establecimientos educativos y más de 108.000 estudiantes. Los padres de familia se convierten en guardias de las instituciones donde se educan sus hijos y están pendientes de que ningún malhechor los aceche durante el ingreso o salida.

“Es difícil quedarnos en casa cuando nuestros niños están educándose en colegios donde han aparecido restos humanos, donde cerca han baleado a cuatro personas o en los que han ocurrido atentados con explosivos. Dejo a mi niño y me quedo un rato viendo que todo esté tranquilo, voy a casa, hago los quehaceres y vuelvo a la escuela, al menos trato de estar una hora antes de la salida viendo que nadie se les acerque”, expresa Maribel, quien tiene a su hijo de 13 años en un plantel de este sector del Puerto Principal.

Una agonía similar vive Dalia, y aunque su niño apenas tiene cuatro años y todavía no es consciente de lo que es residir en un sector sumido en hechos de violencia, en la mente de esta madre están latentes los hechos registrados en los alrededores del plantel donde su pequeño cursa el primero de inicial en la jornada vespertina.

“A las 14:00 del 13 de diciembre, a menos de una cuadra de la escuela, balearon a cuatro personas, uno era el papá de un compañerito de mi hijo. Los niños estaban aterrados. Nosotros sabemos que el sector es peligroso, que muchas de sus calles aún no están asfaltadas, que en el invierno se inundan, pero vivir entre balas y muertos es peor que la falta de servicios básicos”, confiesa Dalia, mientras aguarda la salida de su único retoño.

La madre de familia también desvela otro hecho que le quita el sueño: que las paredes de la escuela son bajas y cuando hay balaceras un proyectil puede atravesarlas. “Pedimos la presencia de policías, no solo cuando llegan las autoridades, pedimos más patrullajes. El plantel solo cuenta con un guardia de seguridad. Los padres de familia recogemos un dólar mensual para pagar los servicios de otro guardián”, menciona Dalia.

Tres de los hijos del morador Luis Chillán se educan en un establecimiento educativo de este sector. Confiesa que la inseguridad en el lugar es lo que más les preocupa a los padres de familia, ya que a cualquier hora del día se registran hechos de sangre. “Lo que más miedo nos da es el sicariato. En el enfrentamiento entre bandas criminales nuestros hijos y nosotros podemos ser víctimas. Autoridades necesitamos que tomen en cuenta las necesidades de la Nueva Prosperina”, expresa.

Enfrentamientos entre bandas

Una fuente policial reveló que la ola de violencia en esta zona porteña se debe al enfrentamiento de dos bandas criminales que quieren apoderarse del territorio para la venta de droga y que las organizaciones criminales Águilas y Fatales (Choneros) y Tiguerones, integradas no solo por ecuatorianos, sino por extranjeros, son las causantes de los asesinatos y las extorsiones.

“Estas estructuras delincuenciales y criminales también las integran venezolanos y colombianos, y son los que durante los últimos meses han causado zozobra en la comunidad a través de delitos como robo, tráfico de droga, las extorsiones conocida como ‘vacunas’ y almacenamiento de armas de fuego. Lamentablemente no respetan los espacios y si es de sembrar terror cerca de una escuela o colegio lo hacen y es lo que estamos viendo, esa es la realidad”, puntualiza.