Las dos madres y dos vecinos que ‘alquilaban’ a cuatro niñas para obligarlas a vender chupetes y pedir limosna, en Sangolquí, son de nacionalidad venezolana y están con prisión preventiva. Sin embargo, la Defensoría Pública ha expresado su desacuerdo y buscará la libertad de los procesados.

La mañana de este lunes 21 de octubre de 2024, mediante un oficio, una abogada de esta entidad presentó formalmente una solicitud ante la Unidad Judicial del cantón Rumiñahui, en la que detalló lo siguiente: “En virtud del auto de prisión preventiva, emitido por su autoridad, en contra de mis representados, en audiencia de flagrancia de fecha 19 de octubre de 2024, y por no encontrarme de acuerdo con el mismo, presento mi recurso de apelación”.

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Ahora, en la dependencia judicial se tendrá que establecer fecha y hora para que se lleve a cabo esta diligencia, en la que se determinará si los procesados pueden recuperar su libertad o seguirán en prisión.

Según la Fiscalía, las mamás de las niñas ‘alquilaban’ a sus niñas por 5 dólares a sus vecinos, quienes luego las obligaban a ejercer actividades en su beneficio, afectando la integridad de las pequeñas. Por eso, la entidad decidió formularles cargos por el delito tipificado en el artículo 105 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que someta a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

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Además, para este caso se ha considerado el inciso segundo y el numeral 2 del apartado legal, donde se precisa que se considerará una explotación, entre otros aspectos, “cuando se utilice a niñas, niños o adolescentes menores a quince años de edad”.

Durante la operación, los investigadores decomisaron dos teléfonos celulares que habrían pertenecido a los sospechosos, pero también otros indicios que fueron hallados al momento de la aprehensión, relacionados con los trabajos que presuntamente realizaban las niñas: una funda de chupetes y 3 dólares con 80 centavos, según el informe preliminar del caso.

En un informe policial se explica que luego de observar las actividades inusuales en la zona, fueron moradores quienes alertaron a los agentes de la situación de las niñas. Ellos habrían explicado los montos del alquiler y cómo trabajarían para sacar lucro de sus actividades. Los lugareños habrían revelado estos detalles pidiendo la reserva, por temor a represalias.

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