“Yo soy el dueño de ese cantón... no se confíen porque andan con guardaespaldas... yo cuento con un argumento poderoso”. Así, según información recogida por la Fiscalía, Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, describía el dominio que tenía en Durán. Las revelaciones constan en el acta judicial de la audiencia preparatoria de juicio instalada el 28 de marzo de 2025, donde se desnudó el entramado de una organización delictiva que, según las investigaciones, operaba bajo fachada institucional.

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El líder de los Chone Killers fue llamado a juicio por el delito de delincuencia organizada, junto con otros 18 colaboradores. Fiscalía lo identifica como cabecilla de una red que infiltró al Municipio de Durán, la Agencia de Tránsito (ATD), el Cuerpo de Bomberos y el Registro de la Propiedad. Su objetivo: acceso a contratos públicos, designaciones estratégicas y protección de sus operaciones criminales.

El contexto: 19 llamados a juicio, 6 sobreseídos

En total, 25 personas fueron procesadas. De ellas:

• 19 fueron llamadas a juicio, entre ellos Martínez Alcívar y Alexandra Estrada (esposa de Negro Tulio), en calidad de líderes, y 17 más como colaboradores.
• 6 fueron sobreseídas, entre ellos Luis Fernando Samaniego Zúñiga, exsubgerente de la ATD, y Erika Carlota Vera Pinela, también funcionaria de la misma agencia.

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El juez Renán Andrade consideró que había suficientes elementos de convicción para que la mayoría enfrenten juicio, mientras que en el caso de los sobreseídos, no se evidenció participación directa en los delitos imputados.

Negro Tulio: el poder detrás del caos

El expediente judicial detalla cómo alias Negro Tulio presuntamente manejaba contactos estratégicos dentro del Municipio de Durán. En interceptaciones telefónicas y chats extraídos de sus dispositivos móviles, se evidencia que él decidía quién era contratado, a quién se le otorgaban contratos, y cómo debía operar el aparato institucional a favor de su red.

“Es como si fuera el alcalde”, se escucha decir en uno de los audios analizados por peritos. En otra conversación, amenaza directamente: “No es un impedimento que estén custodiados para yo poder atentar contra ustedes... ya he mandado de viaje al mariconcito Miguel”, en alusión a un asesinato.

Las pruebas incluyen:

• Chats sobre designaciones de cargos como el de Jefe de Canteras, al parecer, para Luis Baquero.
• Comunicaciones en las que exige cumplimientos de pactos políticos y económicos.
• Fotografías de fajos de dinero y transcripciones en jerga criminal.
• Evidencias de extorsión, amenazas a funcionarios y entrega de dinero a través de terceros.

Contratos, amenazas y vínculos institucionales

La Fiscalía sostiene que alias Negro Tulio movía los hilos con tal poder que influía en la contratación pública. Se documenta, por ejemplo, que Sheyla Campuzano, hija de su presunta segunda al mando, Alexandra Estrada, presuntamente recibió un contrato con el Municipio a través de su empresa ARKHE Proyectos y Construcciones S.A. 

En los audios analizados, Negro Tulio hablaría sobre “pitiar a Chonillo” (el alcalde Luis Chonillo) y reclama el control de contratos “millonarios” que, según él, le correspondían. Según Fiscalía, su figura combinaba el poder del crimen organizado con influencia política real en la administración pública.

Próxima etapa: juicio penal por delincuencia organizada

La causa avanza ahora a la fase de juicio, donde el Ministerio Público deberá probar la existencia de la estructura delictiva, su operación reiterada, y los beneficios económicos obtenidos a través de actividades ilícitas. La pena que enfrentan los acusados oscila entre 10 y 13 años de prisión, si se confirma que los delitos fines incluyeron tráfico de drogas, armas y lavado de activos, como sostiene Fiscalía

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