Katherine Guayguacundo, una costurera de 28 años, se conectó vía telemática, desde la sala de un hospital del sur de Quito, a la audiencia en su contra donde se le acusaba de haber provocado un accidente de tránsito en el que murió su prima.

La tarde del 12 de mayo, según las primeras investigaciones, la procesada perdió el control del vehículo que conducía (un Aveo negro) y se impactó contra un domicilio de la calle Luis Duque, en Chillogallo.

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Tenía 1,50 grados de alcohol por litro de sangre en su cuerpo, cuando la ley establece que el límite máximo es 0,10.

La parte del costado derecho del auto quedó destruida. Ahí viajaba Josselyn Bravo, quien murió de camino al hospital. Según el reporte policial, también hubo una menor de edad herida, quien se encuentra recuperándose.

La implicada en el caso se acogió al derecho al silencio y recibió prisión preventiva hasta que se aclare el hecho, durante los próximos 30 días.

Guayguacundo fue procesada por el delito de muerte causada por conductor en estado de embriaguez y puede ir a prisión hasta por 12 años.

Según testigos del hecho, familiares de la sospechosa intentaron limpiar la escena para que no haya evidencia de que los ocupantes del vehículo estaban bajo los efectos del alcohol. En un video de una cámara de seguridad del sector se puede apreciar cómo algunas personas sacan del carro jabas de cerveza y otras botellas.

Por si fuera poco, se observa que de la parte trasera del vehículo sacaron a un adolescente herido. Este no consta en el parte policial.

Un vecino del lugar, quien prefirió no identificarse, comentó que a Bravo la sacaron inconsciente por la puerta del conductor y no esperaron a que llegara una ambulancia.

La abogada Ana Astudillo, experta en temas de tránsito, explicó que en este caso existen varios escenarios para atenuar el tiempo que podría ir a la cárcel Guayguacundo.

Por un lado, la procesada podría realizar una reparación integral anticipada a los familiares de la víctima y esto ayudaría a la rebaja de su pena. Si no es así, la indemnización sería de unos 25 mil dólares.

Por otra parte, puede existir la posibilidad de que la Fiscalía demuestre que hubo alteración en la escena del accidente cuando sacaron a Bravo y la llevaron por su cuenta al hospital. “Se debe comprobar si la muerte fue instantánea o si ella tuvo tiempo para vivir. El examen médico legal dice eso”.

En el peor de los casos, según Astudillo, por salvar a la procesada podrían decir que la víctima conducía el vehículo. Sin embargo, enfatizó que en temas de tránsito las pruebas técnicas son las que comprobarían cualquier teoría.

Finalmente, si los familiares del chico al que sacaron luego del accidente deciden reclamar por el hecho, pueden anexar al proceso la historia clínica, lo que empeoraría la situación de la sospechosa.

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