Colectivos sociales como la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador (AAFE) enviarán solicitudes de información a las Fuerzas Armadas, para que respondan cómo pudo ocurrir una fiesta sin autorización en un cuartel y, producto de la misma, que una mujer sea asesinada.

Esto, en el marco de la investigación que se lleva a cabo por el presunto femicidio de la subteniente Aidita Ati, registrado el sábado 29 de junio en el Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana.

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La organización también exige respuestas de cómo manejaron la información tras el crimen de la oficial. La abogada María Belén Mieles dijo a un medio local que se debe conocer quién realiza las publicaciones de la institución, porque existen “inmoralidades”.

Como referencia se ha tomado el comunicado difundido por el Ejército, con información de que Aidita murió por “asfixia producida por una obstrucción de vía aérea mientras dormía”.

Dos mayores, un teniente y un subteniente son procesados por el presunto femicidio de la oficial quiteña. Ellos se defienden en libertad, con medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades.

La mañana del 8 de julio era la segunda comparecencia de los implicados y, además, se les iba a practicar una pericia psicológica para conocer sus rasgos de personalidad. Esto se suma a otros análisis que solicitó la Fiscalía durante la instrucción fiscal, que durará 30 días.

Por otra parte, los familiares de la víctima se encuentran vigilantes del proceso judicial, para que no exista impunidad. Una de las primas contó a EXTRA que quieren evitar “nulidades infundadas” y hacer que durante la investigación se cumplan los protocolos de este tipo de casos. “Exhortamos a las autoridades que no prime el famoso espíritu de cuerpo, como en otros casos”.

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