Manifestantes con los ojos reventados por el impacto de proyectiles de armas de fuego. Policías secuestrados y torturados. Investigaciones por ejecuciones extrajudiciales... Estos y otros eventos se registraron en las protestas nacionales del 2019.

Dos víctimas que estuvieron a un ‘pelito’ de la muerte fueron contactadas por EXTRA. Tres años después, y en medio de nuevas movilizaciones, cuentan la experiencia que vivieron en el paro que se extendió durante 11 días en el gobierno de Lenín Moreno. Anhelan que las escenas violentas no se repitan.

La Fiscalía abrió 735 investigaciones en el contexto del paro. Una de ellas es el caso de la artista Laura Carrión, quien recibió un impacto de bala cerca del cráneo y la dejó con secuelas.

Tiene dolores de cabeza, mareos, padece de tinnitus (silbido frecuente en uno de sus oídos), no puede distinguir el sabor de algunos alimentos, perdió un poco el olfato y la memoria.

El 11 de octubre, la mujer fue a repartir alimentos a los manifestantes que permanecían en la esquina de la avenida 12 de Octubre y Tarqui, en el centro de Quito. Recuerda que un grupo de policías los reprimió con gas lacrimógeno “y se escucharon tiros”. Uno de los proyectiles alcanzó el lado derecho de su cráneo. Le provocó su fractura y el desprendimiento de una parte de su oreja.

El caso se encuentra en indagación previa en la Fiscalía por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

Carrión tiene temor de que las manifestaciones actuales terminen como las del 2019. Más aún, según ella, con la crisis económica que atraviesa el país. “Esperemos que se arregle la situación. La gente prefiere morir en el paro antes que morirse de hambre”.

Casi la quemaron

Para la Policía, las manifestaciones del 2019 fueron las más violentas de los últimos 15 años. Según las cifras que manejan en la institución, hubo 470 agentes heridos y 208 secuestrados.

La sargento Amparo Segovia fue una de ellas. La mujer y otros siete compañeros, entre ellos el jefe del Distrito, fueron sacados a la fuerza de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, por los manifestantes.

Junto a ellos también secuestraron a tres militares y a un civil, quienes se movilizaban en una ambulancia. “Nos golpearon con palos, nos cachetearon, nos picaron con clavos y a las mujeres nos manosearon”.

Durante los días que estuvieron en cautiverio en una comunidad llamada Macamilipungo, la sargento recuerda que comían galletas con agua y dormían en un solo cuarto. Durante el día los sacaban hasta la plaza Sucre, donde los azotaban con cabrestos y los amenazaban de muerte. “Lo único que le pedía a Dios era no morir quemada”.

La policía añade que durante esa semana uno de los comuneros de esa zona falleció en las manifestaciones y los “indígenas querían que carguemos desnudos su féretro por el pueblo”.

Las humillaciones, la violencia con la que le trataron, el miedo de haber sido violada todavía permanecen en la mente de la sargento, de 47 años. Ella cuenta que, a pesar de haber sido víctima, tuvo que presentarse a algunas audiencias para declarar sobre supuestas agresiones de parte de los agentes. Incluso, dice que debe pagar unas bombas lacrimógenas que estaban en el retén y desaparecieron luego de que los secuestraron.

Otros casos

Según el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), elaborado por la Defensoría del Pueblo, durante esas manifestaciones se registraron seis presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras seis muertes en las que no tuvieron que ver agentes estatales.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) estuvo a cargo de dos casos que son investigados como ejecuciones extrajudiciales.

Uno de ellos es el de Édison Mosquera, un hombre de 29 años que falleció el 13 de octubre luego de ser impactado por un proyectil de arma de fuego. El otro caso es sobre las muertes de José Chaluisa y Marco Oto, dos hombres que cayeron de un puente de San Roque, en el centro de la capital. Ambos corrían de un grupo de policías motorizados.

La abogada Luisa María Villacís acompañó los procesos judiciales y afirma que en ambos se pudo comprobar la materialidad del delito, pero no se logró vincular a responsables de lo sucedido, según la jurista, porque los “uniformados que participaron en las dos situaciones dicen no recordar quién estuvo al mando de los operativos”.

Ante esta realidad, Villacís enfatiza que el estado genera una sensación de impunidad al ‘hacerse los locos’ y no otorgar información que ayude en el caso.

Otro caso que se hizo viral en redes sociales fue la agresión de los manifestantes a un policía antimotines que fue impactado por una bomba molotov y se prendió en fuego. El hecho sucedió en el sector de la Plaza del Teatro, el 10 de octubre. El uniformado terminó con el 50 por ciento de su cuerpo con quemaduras y casi pierde la vida.

Ahora, los sobrevivientes del paro del 2019 tienen miedo de que las manifestaciones actuales se tornen violentas. Carrión y Segovia piensan que si no existe un diálogo en los próximos días, “las marchas pueden terminar con sangre”.