Del 24 al 28 de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un amplio operativo en el estado de Nueva York, que concluyó con la detención de 133 migrantes irregulares, según informaron las autoridades federales, citadas por Infobae. 

Las acciones se concentraron en regiones del oeste, centro y norte del estado, zonas consideradas estratégicas debido a su relevancia para la seguridad nacional. La operación fue ejecutada en coordinación con diversas agencias del gobierno federal, entre ellas el FBI (oficinas de Búfalo y Albany), la DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Nueva York y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), a través de su unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional.

Coordinación federal y enfoque en seguridad

De acuerdo con ICE, el operativo tuvo como objetivo principal identificar y detener a personas consideradas como una amenaza para la seguridad pública, fronteriza o nacional, así como hacer cumplir las leyes migratorias vigentes. La agencia detalló que entre los arrestados, 20 individuos tenían antecedentes penales, incluyendo tres con condenas por homicidio, y nueve habían sido previamente deportados del país.

 Las autoridades explicaron que gran parte de los esfuerzos se centraron en la zona de Buffalo y sus alrededores, aunque las detenciones se extendieron a otras áreas del oeste y norte del estado.

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ICE enfatizó que estos operativos forman parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para reforzar el control migratorio y combatir delitos graves relacionados con la inmigración irregular, en particular aquellos vinculados con actividades delictivas transfronterizas.

Impacto en comunidades y posturas encontradas

Si bien funcionarios federales respaldaron el operativo y subrayaron su importancia para proteger a las comunidades, algunas organizaciones defensoras de derechos de los migrantes expresaron su preocupación por el impacto humano de estas acciones.

De acuerdo con estos grupos, las redadas pueden generar temor entre los inmigrantes y dificultar su acceso a servicios esenciales, como la salud o la educación. ICE, por su parte, aclaró que las acciones no tienen como objetivo realizar redadas masivas indiscriminadas, sino enfocarse en individuos que representan una amenaza concreta.

En ese sentido, la agencia señaló que cada caso será evaluado individualmente para definir el proceso legal correspondiente, incluida la posibilidad de una deportación. Además, instaron a la comunidad a reportar actividades sospechosas y colaborar con las autoridades para identificar posibles riesgos en sus vecindarios.

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