Marlon Pasquel, quien presentó una denuncia contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una presunta infracción electoral durante el proceso de consulta popular y referéndum, ha solicitado asilo en Rusia. Pasquel argumenta que su solicitud de asilo se debe a una supuesta persecución por parte del gobierno de Noboa.

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En un documento dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Pasquel detalla las razones para su solicitud de asilo y apela al Decreto Presidencial ruso del 19 de agosto de 2024, el cual establece la prestación de ayuda humanitaria a personas que comparten los valores tradicionales de Rusia.

En su escrito, Pasquel afirma que "la situación en Ecuador está directamente afectada por la Agenda Neoliberal liderada por el Fondo Monetario Internacional y las gestiones del actual gobierno, que prioriza el pago de bonos de deuda en lugar de atender las necesidades del pueblo”.

Además, Pasquel acusa al gobierno de que "se normaliza el direccionamiento de contratos y permisos estatales hacia familiares de quienes fungen funciones en el gobierno actual, incumpliendo la legislación nacional e internacional".

En un breve mensaje acompañado del documento de solicitud, Pasquel explicó a este diario que se vio forzado a solicitar "asilo en Rusia debido a la presión y persecución del Gobierno de Noboa".

Marlon Andrés Pasquel Espín es el ciudadano que, el 22 de mayo de 2024, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa por supuesta infracción electoral durante el proceso de consulta popular y referéndum. Pasquel alega que el mandatario realizó campaña anticipada.

La denuncia se fundamenta en un video de TikTok del 5 de abril, en el que Noboa participa en una tendencia sin emitir palabras, pero que contiene frases como "Se oponen a la extradición porque son panas" y "Ahí no es, por eso todo SÍ en la Consulta". Según Pasquel, estas frases se consideran una forma de campaña anticipada.

El 18 de julio de 2024, Pasquel presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que acusó a dos funcionarios de presunto tráfico de influencias en la contratación de barcazas para la generación eléctrica en Ecuador. Los acusados son Roberto Luque, exministro de Energía encargado, y Fabián Calero Freire, gerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Según Pasquel, el proceso de contratación de estas barcazas, que son esenciales para abordar la crisis energética del país, no cumplió con los procedimientos legales establecidos y pudo haber sido afectado por "intereses indebidos".

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