La vida en Manta, provincia de Manabí, parece transcurrir con normalidad. Restaurantes llenos, comercios activos, obras urbanas avanzando. Sin embargo, bajo esa cotidianidad, esta localidad se ha consolidado como uno de los principales bastiones del crimen organizado en Ecuador. No solo por ser cuna de Los Choneros o por ser el puerto principal de la provincia, sino por convertirse en el centro más importante del lavado de activos en el país. 

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“Manta es el centro de negocios primordial del crimen organizado en Ecuador para el lavado de activos”, reitera Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). “Las estructuras financieras del crimen organizado sufren pocos cambios, están blindadas y siguen funcionando, incluso con la violencia en aumento y con la pérdida de poder de Los Choneros”.

Lavado en bajo perfil: calma que conviene al crimen

La perfiladora criminal Ana Minga coincide en que esta calma no es accidental. “Para mover los negocios ilegales necesitan bajo perfil y que todo esté en calma. No les conviene levantar el avispero”, señala. El perfil bajo es parte de una estrategia criminal. Minga subraya que en ciudades como Manta, donde el desempleo es alto pero los bienes inmuebles y locales comerciales crecen sin explicación aparente, hay un patrón claro: “es lavado de dinero”.

En los barrios, en las avenidas principales, incluso frente a reconocidos moteles, es posible encontrar locales de gran infraestructura, pero vacíos. Uno de ellos está relacionado con Verónica Briones Zambrano, registrada como representante de una empresa ferretera en la Superintendencia de Compañías.

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Briones, quien es investigada por delincuencia organizada, ha sido identificada como pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, quien actualmente se encuentra prófugo y es requerido por la justicia ecuatoriana y de EE. UU. En los documentos relacionados con el negocio de Verónica Briones consta como referencia de ubicación la avenida Circunvalación, al frente de un reconocido motel, pero actualmente el único sitio que coincide con la descripción está vacío y en alquiler.

Aparente éxito empresarial

El caso de Samara Rivera también es ilustrativo. Esposa del asesinado Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, fue sentenciada en primera instancia por delincuencia organizada. Años atrás fue investigada por asociación ilícita, pero quedó libre de cargos en ese caso. Sin embargo, en ese proceso salió a la luz que ella recibiría más de un millón de dólares por comisiones de alquileres de inmuebles.

Por otro lado, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, madre de cuatro hijos de Fito, figura como accionista en dos compañías: una dedicada al transporte y otra llamada Queen Water, ambas ubicadas en el sector San Agustín. La segunda empresa cobró notoriedad a inicios de 2024, cuando el presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a ella en medio del escándalo de presunta corrupción que involucraba a la compañía a cargo de ofrecer el servicio de alimentación en cárceles como la Regional, de Guayaquil, donde se encontraba recluido alias Fito.

En sus declaraciones, Noboa afirmó que se debía investigar a Queen Water y a otras empresas relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado. Pero a pesar del alboroto, la empresa, según los registros oficiales y por constatación de un equipo de EXTRA, sigue activa en Manta, en el barrio del líder de Los Choneros, cuya ubicación es desconocida desde el 7 de enero de 2024.

¿Se normalizó el crimen en Manta?

“La gente de Manta no se siente insegura”, explica Renato Rivera, quien realizó labores de campo en esta localidad, como parte de sus investigaciones como director del OECO. “Existe esta percepción colectiva de que si no estás metido en nada, no te pasa nada. Por eso hacen una vida normal, a pesar de que conviven con la criminalidad”. Rivera compara el fenómeno con lo que sucede en Lago Agrio, otra ciudad que ha aprendido a convivir con el silencio y la violencia de forma paralela.

Ana Minga lo refuerza: “Todo mundo sabe cuáles son los negocios de Fito, pero todo está en calma. Es parte del código criminal de bajo perfil. El lavado no convive con la turbulencia”.

La especialista agrega un ejemplo revelador. Durante el conflicto con alias Guacho en la frontera norte, en 2018, al parecer hubo malestar dentro del cartel de Sinaloa porque ese tipo de violencia y visibilidad mediática afectaba directamente sus operaciones. “Ellos estaban transportando droga por esa zona, en bajo perfil. Que haya cámaras y visibilidad no les permite que su negocio transcurra normalmente. Por eso el silencio y la calma son parte de su modelo de operación”, puntualiza Minga.

Esto explicaría por qué en Manta, a pesar de ser un centro clave del crimen organizado, no hay una sensación constante de zozobra. La paz aparente sería, en realidad, funcional al delito.

Las cifras mostrarían la realidad en Manta

Entre enero y marzo de 2025, según cifras de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), Manta registró más de 16.451 millones de dólares en transacciones bancarias. La cifra más alta de toda la provincia, muy por encima de Portoviejo (11.468 millones) o El Carmen (2.582 millones).

Este volumen financiero no solo habla de la importancia económica de la ciudad, sino también refuerza las sospechas sobre actividades paralelas a las legales. En una provincia con altos niveles de violencia, donde el crimen organizado ha echado raíces, no sorprendería que Manta, bastión histórico de Los Choneros, lidere el movimiento financiero con una calma sospechosa.

Lavado de activos: Una deuda pendiente del Estado

De cara a las elecciones del 13 de abril, en las que se definirá si Daniel Noboa continúa en el poder o si Luisa González marca el regreso de la Revolución Ciudadana, se han planteado recomendaciones claves para el próximo gobierno. Una de las más relevantes proviene del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

El OECO elaboró un informe en el que identifica los principales desafíos del Estado ante el crimen organizado. Uno de los más graves es el sistema de prevención y combate al lavado de activos, considerado débil y poco efectivo. Urge a fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo internacional que calificó como “no cumplidas” varias de las obligaciones del país en esta materia.

También se recomienda mejorar los registros, vigilar a sectores no financieros y aplicar sanciones más firmes a los bancos cuando haya vínculos con actividades ilícitas. Estas medidas apuntan a cerrar brechas legales y operativas. Los datos reflejarían una justicia ineficaz: entre 2015 y 2020 hubo solo tres sentencias anuales por lavado de activos. Entre 2020 y 2022, apenas una por año. Además, el comiso de bienes ilícitos no alcanzaría ni el 1 % del dinero detectado.

Delitos de ‘cuello blanco’ en Ecuador

Entre 2018 y el 21 de marzo de 2025, la Fiscalía registró en Ecuador 7.886 denuncias por delitos contra la eficiencia del Estado (ver infografía). De estas, el enriquecimiento ilícito sumó 411 casos en todo el país, pero apenas cuatro han llegado a sentencia condenatoria, lo que representa solo el 0,97 %. A nivel general, apenas 71 de los 7.886 casos han derivado en una sentencia condenatoria: menos del 1 %.

Manabí, donde se ubica Manta, concentra 442 de esos 7.886 casos, es decir, el 5,6 % del total nacional. Esta provincia registra 22 denuncias por enriquecimiento ilícito, 132 por peculado, 72 por tráfico de influencias y 3 por testaferrismo. El dato refuerza la importancia de seguir la ruta del dinero y no solamente enfocarse en las escenas de violencia, coinciden los especialistas. 

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