El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido reducir la jornada laboral a solo tres días por semana debido a la grave crisis energética que atraviesa Venezuela. La medida entrará en vigor este lunes y afectará a los trabajadores del sector público, quienes deberán laborar únicamente los lunes, miércoles y viernes. La nueva jornada será de 4,5 horas diarias, lo que equivale a un total de 13,5 horas semanales.

Esta decisión, que se mantendrá vigente durante al menos seis semanas, busca hacer frente a la prolongada sequía que ha afectado los embalses que abastecen las plantas hidroeléctricas, que generan la mayor parte de la electricidad en el país. Según las autoridades, la crisis hídrica ha reducido significativamente la capacidad de generación de energía, lo que ha obligado a implementar medidas excepcionales.

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Ajustes en la administración pública y sector educativo en Venezuela

Los trabajadores del sector público deberán adaptarse a este nuevo esquema de trabajo, mientras que las horas no laboradas serán compensadas con nuevas actividades, como la participación en proyectos comunitarios impulsados por el gobierno. En cambio, la jornada educativa no se verá modificada, ya que las clases se seguirán dictando con normalidad.

El gobierno de Maduro también ha instado a los ciudadanos a colaborar con la reducción del consumo energético, especialmente en el uso de aires acondicionados y electrodomésticos de alto consumo, como medida para mitigar la crisis y evitar el colapso del sistema eléctrico.

Impacto en la vida diaria de los venezolanos

Esta medida ha generado opiniones divididas entre la población. Por un lado, algunos apoyan la iniciativa como una forma de garantizar que haya suficiente electricidad para todos, mientras que otros critican la decisión, argumentando que la reducción de la jornada laboral podría afectar aún más la productividad de un país que ya enfrenta una grave crisis económica.

El presidente Maduro ha afirmado que se revisará la situación cada seis semanas, por lo que las autoridades no descartan extender las restricciones si la crisis energética persiste o empeora. En este contexto, la falta de mantenimiento en las infraestructuras eléctricas y el envejecimiento de la red eléctrica nacional son factores que contribuyen a la precariedad del servicio.

La medida ha sido observada con preocupación por organismos internacionales y países vecinos, que temen que la crisis energética en Venezuela pueda tener repercusiones en la región. La comunidad internacional sigue de cerca cómo el gobierno venezolano gestionará las consecuencias sociales y económicas de esta drástica reducción de la jornada laboral, que podría tener implicaciones tanto en la producción nacional como en el bienestar de la población.

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