La jueza Nubia Vera aceptó la acción de protección interpuesta por Verónica Abad, vicepresidenta suspendida, y determinó la revocatoria de la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo. Además, ordenó que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, emita una disculpa pública en un mensaje a la nación en un plazo de 72 horas. También dispuso la restitución de los salarios que Abad dejó de recibir durante el período de su suspensión. 

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En su fallo, la jueza Vera señaló que el acuerdo ministerial utilizado para justificar la sanción excluye a funcionarios diplomáticos, recordando que Abad fue designada embajadora en Israel. Durante la audiencia, cuestionó en repetidas ocasiones los artículos legales citados por el Ministerio de Trabajo para justificar la suspensión de 150 días, indicando que no se sustentaban en la normativa aplicable. 

Argumentos de la defensa de Abad

La defensa de Abad, liderada por Dominique Silva, había argumentado que la suspensión carecía de sustento jurídico y que la ministra de Trabajo actuó bajo una orden presidencial para evitar la sucesión en la Presidencia. Según Silva, “no existe norma que sancione a una vicepresidenta por 150 días” y calificó la medida como un acto arbitrario.

Por su parte, Abad expresó en la sesión del 16 de diciembre de 2024 que su suspensión violó derechos fundamentales y el debido proceso. “Ecuador clama por justicia. Comparezco como víctima de un acto totalitario e ilegítimo”, declaró.

Este caso ha generado expectativas sobre las implicaciones legales y políticas que podría tener, especialmente en el contexto de los derechos de autoridades electas y la relación entre poderes del Estado.

Procesos en paralelo

Abad se prepara para asistir el 27 de diciembre al TCE por la contrademanda por violencia política de género interpuesta en su contra por la exasesora presidencial Diana Jácome.

Abad, que sostiene que desde el Ejecutivo buscaban desde el inicio del Gobierno presionarla para que dimita y evitar así delegar en ella las funciones presidenciales en la campaña electoral, había reafirmado su decisión de reclamar su derecho y acudir a todas las instancias legales y constitucionales para hacer respetar la Constitución.

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