Ecuador cerró 2024 con una grave crisis de seguridad. Con más de 6.800 muertes violentas, este año dejó un promedio de un homicidio cada hora y 17 minutos, cifra que refleja el impacto del crimen organizado. La expansión de redes delictivas, la corrupción y la falta de estrategias integrales han llevado al país a ser uno de los más violentos de la región.

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Cuatro expertos advierten que el 2025 será crucial para determinar si esta tendencia puede ser revertida. Destacan la necesidad de fortalecer a la Policía, garantizar un sistema judicial eficiente y combatir la corrupción de manera frontal.

Además, llaman la atención sobre la importancia de recuperar el control en zonas vulnerables, especialmente en aquellas dominadas por organizaciones delictivas. Proponen medidas como la implementación de operativos permanentes, el aumento de recursos para las fuerzas del orden y el despliegue de programas sociales.

También enfatizan que la cooperación internacional será clave en este proceso. A través del intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y la desarticulación de redes transnacionales, Ecuador podría fortalecer su capacidad para enfrentar el crimen organizado.

Creciente índice de violencia:No se puede normalizar el uso de armas de fuego

Santiago Orbe, analista internacional en temas de seguridad, ha realizado un exhaustivo estudio sobre las formas en que los ciudadanos pueden protegerse frente al creciente índice de violencia y el fácil acceso a armas por parte de los delincuentes. En su análisis, Orbe ofrece recomendaciones para fortalecer la seguridad tanto a nivel individual como comunitario, abordando la crisis de violencia armada desde diferentes ángulos.

1. Protegerse individualmente en medio del aumento de la violencia:

Orbe subraya que ante la creciente inseguridad, es crucial adoptar medidas de seguridad personal básicas. Esto incluye evitar áreas de alto riesgo, planificar rutas seguras y mantenerse alerta en espacios públicos. Además, destaca la importancia de la comunicación comunitaria, como la creación de redes vecinales o grupos de vigilancia ciudadana, que pueden fortalecer la seguridad colectiva y generar un sentido de protección mutua entre los miembros de la comunidad.

2. El papel de la sociedad civil frente al fácil acceso de los delincuentes a las armas:

Para Orbe, la sociedad civil tiene un papel fundamental como contrapeso ante la proliferación de armas en manos de los delincuentes. Promover campañas de desarme voluntario, exigir regulaciones más estrictas en el control de armas y educar a la comunidad sobre los peligros de la violencia armada son pasos esenciales para cambiar la cultura de la violencia. Orbe hace un llamado a reducir la normalización de las armas y fomentar una cultura de paz que contrarreste el impacto de la violencia armada en la sociedad.

3. El impacto de la violencia armada:

La violencia armada tiene un impacto profundo en la percepción de seguridad de los ciudadanos, instaurando un clima constante de temor en las comunidades. Muchas personas evitan salir de sus hogares, limitan su movilidad y cambian sus rutinas diarias por miedo a ser víctimas de tiroteos o asaltos. Este estado de alerta afecta gravemente la vida social y económica, limitando la interacción comunitaria y restringiendo el desarrollo de actividades comerciales y recreativas. Además, crea un ciclo de aislamiento y desconfianza que agrava aún más la situación de inseguridad.

4: La inercia de las instituciones responsables de la seguridad:

Orbe enfatiza la importancia de ser ciudadanos críticos y responsables en un contexto donde las instituciones de seguridad no siempre cumplen su rol de manera efectiva. No debemos aceptar la pasividad institucional, sino exigir transparencia, rendición de cuentas y cambios estructurales en las políticas de seguridad.

Medidas: Rutas de un futuro incierto: escenarios para el país

El coronel retirado Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, analiza la grave crisis de seguridad en Ecuador y proyecta su evolución, destacando los factores decisivos, posibles escenarios y medidas urgentes para enfrentarlo.

1. auge del crimen organizado:

El oficial retirado advierte sobre la creciente inseguridad, caracterizada por un aumento en homicidios y la expansión de redes delictivas internacionales y nacionales. Entre los factores que han permitido esta crisis están la corrupción, impunidad, desigualdad social y narcotráfico.

2. redes criminales por combatir:

- Actores internacionales: ‘Ndrangheta’, mafias albanesas, Comando Vermelho, Tren de Aragua y cárteles mexicanos (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación).

- Redes locales: Más de 23 grupos catalogados como terroristas por el Gobierno, incluyendo a Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.

3. Escenarios proyectados:

- Corto plazo (1-2 años): Incremento de la violencia y el control territorial en zonas estratégicas (Esmeraldas, Guayas, Manabí, fronteras). Un enfoque positivo incluiría coordinación internacional y presencia estatal fortalecida.

- Mediano plazo (3-8 años): Consolidación de grupos criminales como ‘microestados’, diversificación de actividades ilícitas y estructuras de gobernanza paralelas. Un avance positivo demandaría reformas institucionales y cooperación internacional.

- Largo plazo (9-15 años): Transformación de microcárteles en estructuras transnacionales sofisticadas, con un impacto significativo en la economía formal e informal. Escenarios positivos requerirían alianzas internacionales robustas y programas de desarrollo social sostenibles.

4. Acciones estratégicas urgentes:

- Fortalecimiento institucional: Capacitación de fuerzas de seguridad, independencia judicial y lucha contra la corrupción.

- Recuperación del control territorial: Presencia estatal permanente en zonas estratégicas.

- Políticas preventivas: Inversión en educación, empleo y programas sociales para reducir la dependencia de actividades ilícitas.

- Cooperación internacional: Operativos conjuntos y desarticulación de redes transnacionales.

- Rastreo financiero: Uso de tecnología avanzada para confiscar recursos ilícitos y desmantelar la base económica del crimen.

- Actualización legal: Sanciones específicas para delitos como narcotráfico, minería ilegal y trata de personas.

Secuestro, extorsiones y asesinatos: Fortalecimiento de la Policía y del sistema judicial

Daniel Pontón, decano de la Facultad de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), destaca la urgencia de adoptar medidas preventivas para mitigar la vulnerabilidad frente a los delitos de secuestro y extorsión, que han experimentado un aumento alarmante en Ecuador durante 2024, especialmente en provincias como Guayas y Los Ríos.

1. Medidas para evitar secuestros:

Pontón recomienda evitar taxis desconocidos, no llevar grandes sumas de dinero y no transitar por zonas peligrosas de noche, para reducir los riesgos de secuestro.

2. El impacto de las extorsiones:

El crecimiento de las bandas criminales ha intensificado las extorsiones. Las víctimas que se niegan a pagar enfrentan consecuencias fatales, lo que exige una respuesta más contundente.

3. Combatir las extorsiones y el crimen organizado:

Es esencial fortalecer a la policía con recursos logísticos y mejorar la coordinación institucional, además de reformar el sistema penitenciario para afrontar eficazmente al crimen organizado.

4. Respuesta del gobierno ante la inseguridad:

Aunque el Gobierno ha tomado medidas, Pontón considera que aún son insuficientes. Es necesario invertir más en la policía, optimizar recursos y fortalecer el sistema judicial.

5. Perspectivas sobre la reducción de asesinatos:

Aunque los asesinatos han disminuido 18 %, Pontón advierte que es probable que los índices de criminalidad se estabilicen o repunten debido a la complejidad de la situación.

6. Factores sociales de la criminalidad:

La informalidad, pobreza y desigualdad han facilitado la infiltración de bandas criminales en comunidades vulnerables. Pontón aboga por un enfoque integral que combine medidas de seguridad con soluciones sociales y económicas para reducir la influencia del crimen organizado.

CRIMEN organizado: Sin estrategia integral habrá un nuevo epicentro de violencia

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), subraya la importancia de diseñar estrategias que integren de manera efectiva a las instituciones del Estado. Para él, la falta de este enfoque debilita la capacidad del país para enfrentar al crimen organizado de manera sostenible. Por eso, sostiene que estos temas requieren atención prioritaria en el año que comienza hoy:

1. Fragmentación del crimen organizado:

Desde 2020, el crimen organizado en Ecuador se ha fragmentado significativamente, un fenómeno similar al observado en Colombia y en México. Esto podría intensificarse, con la creación de nuevas organizaciones criminales que buscan control territorial.

2. Persistencia de los homicidios y tráfico de armas:

Aunque los homicidios han disminuido, el 90 % de estos se cometen con armas de fuego. Rivera señala que los esfuerzos para controlar esta situación son insuficientes, sobre todo considerando que el tráfico de drogas y armas está vinculado a otras actividades ilícitas como la minería ilegal.

3. Débil control del lavado de activos:

A pesar de avances recientes, principalmente liderados por la Fiscalía, el lavado de activos sigue siendo un problema crítico. Instituciones claves, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), no han generado los resultados esperados, lo que limita la capacidad del Estado.

4. Crisis en el sistema penitenciario:

La falta de una política carcelaria efectiva ha permitido que las prisiones se conviertan en escenarios de violencia. Rivera destaca que la reducción de conflictos carcelarios no es producto de la acción estatal, sino de acuerdos entre grupos criminales, una situación que podría revertirse.

5. Militarización y su impacto:

El uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna plantea riesgos significativos, como la violación de derechos humanos y la falta de entrenamiento adecuado. Rivera sugiere repensar el rol de los militares, enfocándolos en la protección de fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

6. Minería ilegal, mercado emergente del crimen:

La minería ilegal se perfila como una de las principales fuentes de violencia en zonas rurales. Este mercado, ligado a altos niveles de corrupción a nivel central y local, genera una rentabilidad que incentiva la fragmentación de grupos criminales. Rivera advierte que si el Estado no actúa con rapidez, esa actividad podría convertirse en un nuevo epicentro de conflicto en 2025.

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