El juicio contra el denominado zar de las drogas, Borys Alexi Párraga Figueroa, alias Boris, y los agentes de la Policía Nacional del Ecuador Jordy Josué Avilés Ballin y Kody Sayd García Vivanco, empezó a las 08:50 del jueves 22 de agosto de 2024, en la Unidad Judicial Multicompetente Penal, con sede en el cantón El Empalme, de la provincia del Guayas. Sin embargo, luego de trascurrida  la tarde, la diligencia se suspendió. 

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La fecha para la reinstalación de este juicio sería el miércoles 28 de agosto de 2024, a las 08:50. Al igual que en el primer día, los procesados comparecerían al juicio de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Alias Boris se enlazaría desde la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, mientras que los agentes de la Policía lo harían desde la prisión de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

En el primer día de este juicio, se llevaron a cabo interrogatorios y contrainterrogatorios a los testigos, tanto de la Fiscalía como de las defensas. En el caso de estos últimos, se empezó por los de Borys Alexi Párraga Figueroa, quienes aseguraron ante el juez del caso que -al denominado zar de las drogas- supuestamente le implantaron un arma y que habría sido víctima de torturas.

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Por su parte, dos oficiales que actuaron en el procedimiento, de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador, dijeron que la acción se habría realizado con normalidad. Ellos no hablaron de agresiones, como las señaladas por quienes testificaron a favor de Boris. Esto significa que alguien no estaría contando las cosas como en realidad sucedieron: los testigos de la defensa o los de la Fiscalía. Por eso, antes de cada declaración, el juez advierte del posible perjurio. 

El juez del caso, antes de que cada testigo empiece con su declaración, advierte que de haber algún tipo de engaño podría incurrir en un delito de perjurio. ¿Qué este delito y cómo se sanciona? Esto es precisado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde trata los delitos de perjurio y falso testimonio. 

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La ley establece: "La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

En el COIP se precisa, además que, "si el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años". Con estos detalles, se aclaran las sanciones que podrían recibir las personas que no digan la verdad durante un juicio, sean estos testigos de la Fiscalía o de algún procesado. 

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