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Juez ordena liberar a 22 presuntos choneros atrapados por militares en Orellana
La decisión se dio por el delito de ataque o resistencia. En la disposición se precisa que, de tener otra causa pendiente, no podrán ser liberados
Alas 10:59 del miércoles 1 de mayo de 2024, las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron, a través de su cuenta de X, que 22 presuntos integrantes del grupo terrorista Los Choneros habían sido detenidos en San José de Guayusa, en la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana.
La aprehensión, según la información proporcionada por los militares, ocurrió durante una operación contra la minería ilegal, donde el personal uniformado habría sido recibido a tiros por individuos que se encontraban en la zona donde ejecutaban sus acciones.
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Según las Fuerzas Armadas, en el sitio lograron decomisar tres armas de fuego, 141 municiones, una granada fragmentaria, 350 galones de combustible y prendas militares y policiales. La Policía Nacional, por su parte, a las 13:38 ratificó la detención de los individuos y mencionó que ellos habrían sido atrapados por el delito de asociación ilícita" y que además "también participarían en actividades de minería ilegal".
#Orellana
— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) May 1, 2024
En San José de Guayusa, durante operación militar contra la minería ilegal 22 presuntos integrantes de "Los Choneros" fueron aprehendidos, decomisando 3 armas de fuego, 141 municiones, 1 granada fragmentaria, 350 gls. de combustible y prendas militares y policiales. pic.twitter.com/LmQSmMXAxY
¿Por qué dejaron libres a 22 presuntos choneros?
Sin embargo, en los registros públicos de la Función Judicial no consta alguna diligencia por el delito de asociación ilícita, como ha señalado la Policía Nacional, sino por ataque o resistencia, una infracción sancionada con prisión que puede ir de los seis meses a los cinco años, según lo que establezcan las autoridades.
En este caso no constaba, hasta el cierre de esta edición, el acta o un resumen de la audiencia, pero sí un oficio dirigido al jefe policial de Francisco de Orellana, de parte del juez Clemente Paz, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de este cantón amazónico.
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En el escrito se precisa, textualmente, que "ordena la libertad de los procesados". Para que una persona sea considerada procesada, se le deben formular cargos. En este caso, los individuos serían investigados, pero no se les habría dictado prisión preventiva, pese a la peligrosidad que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas argumentaron en contra de los individuos, quienes fueron señalados como parte de uno de los grupos terroristas considerados objetivo militar.
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