Con la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda por supuesto incumplimiento de funciones, el vicealcalde Santiago Guarderas asumirá el cargo en el Municipio capitalino. Pero, todo dependerá del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electora (TCE), entidad a la que puede acudir Yunda para la revisión de su caso. 

}La madrugada de este jueves 3 de junio los votos de 14 votos concejales resolvieron dejar fuera del cargo al burgomaestre. Hubo seis abstenciones y un concejal votó en contra. El Concejo acogió uno de dos pedidos de remoción que pesaban en su contra. El del colectivo Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, liderado por Alejandra Carolina Moreno Y Jessica Jaramillo.

Hablaron de incumplimiento legal de ordenanzas o resoluciones aprobadas por órganos normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) e incumplir las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar la participación ciudadana.

El expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Aguinaga, señala que en el caso de Yunda tiene que seguir un proceso: primero deben notificarle con la resolución; el alcalde tiene 3 días para plantear la consulta al TCE; luego se remite el expediente de remoción al Tribunal Contencioso, órgano que sortea a un juez sustanciador. 

Desde que avoca conocimiento, el TCE tiene un plazo de 10 días para resolver. El pleno solo puede pronunciarse sobre la forma y procedimiento y recién ahí se sabrá si Yunda continúa o abandona el Municipio de Quito.

El abogado Esteban Ron recordó a EXTRA que entre la entrega del expediente y que se avoque conocimiento de la causa, el juez sustanciador puede mandar a completar al información al peticionario para lo cual puede dar entre 24 y 48 horas. Una vez que el TCE emita una resolución, el solicitante, Jorge Yunda, podrá pedir aclaración y ampliación y recién cuando se resuelvan todos los recursos quedará en firme la resolución del Concejo Metropolitano. Mientras tanto, Yunda seguirá al frente de la Alcaldía.

"Si el TCE decide que el procedimiento de remoción es correcto, le quedaría al alcalde otro camino que es la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Pero ojo: esta acción no suspende la decisión de remoción del Concejo", señaló Ron. 

"El TCE ha salvado anteriormente a alcaldes corruptos y a sancionado a concejales de oposición, esa reforma al Cootad fue política para controlar los GADS y sirvió de instrumento de chantaje y extorsión política. Hay que tener cuidado", señaló Aguiñaga.