La instalación de vallados en lugares emblemáticos como el Palacio de Carondelet, la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia refleja el riesgo latente que provoca el crimen organizado en Ecuador.

Mientras las autoridades buscan proteger a funcionarios clave frente a graves amenazas, la ciudadanía percibe estas barreras no solo como un recordatorio de la inseguridad que golpea al país, sino también como un obstáculo para la vida cotidiana.

Lucha contra el narcotráfico

Ana Minga, perfiladora criminal y experta en seguridad nacional, destaca que uno de los aciertos del gobierno ha sido atacar a las grandes bandas del narcotráfico.

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Operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han logrado decomisar toneladas de droga, frenando parcialmente las operaciones de estos grupos. Sin embargo, advierte que el verdadero reto está en atacar los capitales ilícitos a través de reformas que dependen de la Asamblea Nacional. La falta de acción en este ámbito permite que las estructuras delictivas diversifiquen sus actividades hacia extorsiones, su modalidad de ‘vacunas’ y el sicariato.

Migración del crimen

Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, señala que el crimen organizado se ha expandido a zonas antes consideradas seguras, como varias ciudades de la Sierra ecuatoriana. Esto sería consecuencia de la presión ejercida en el Litoral, que ha obligado a estas organizaciones a buscar nuevos territorios. Además, aunque el Gobierno ha logrado una reducción del 36% en las muertes violentas en comparación con el año anterior, el problema de fondo sigue vigente.

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Según Pazmiño, el concepto de “santuarios” es clave para entender el alcance del crimen organizado. “En sectores como Durán, Socio Vivienda (Guayaquil) y Solanda (Quito), el Estado no tiene un control efectivo. Estas áreas funcionan como enclaves donde las bandas operan con total libertad”, explica.

Pazmiño identifica cerca de 187 “santuarios” a nivel nacional, lugares donde el crimen organizado ha establecido su dominio. “Para contrarrestarlos, es necesario que el Estado y la fuerza pública cambien a una estrategia de presencia disuasiva permanente”, enfatiza.

Percepción ciudadana

La ciudadanía muestra descontento con algunas de las medidas de seguridad implementadas. Wilmer Guachamín critica el impacto de las vallas en la movilidad diaria, describiendo cómo estas barreras dificultan el tránsito en lugares emblemáticos como la Plaza Grande. Por otro lado, Juan Tacuri lamenta el deterioro del atractivo turístico de Quito debido a estas medidas, que también han afectado a los comerciantes locales.

Vallas y amenazas

Las vallas en Carondelet y la Fiscalía son interpretadas por Ana Minga como una medida para proteger a funcionarios amenazados. Tanto el presidente como la fiscal general enfrentan riesgos reales debido a las pérdidas económicas que las incautaciones de droga generan para los grupos delictivos. No obstante, estas medidas también simbolizan la debilidad del Estado para garantizar seguridad en otros ámbitos.

Problemas de comunicación

Tanto Minga como Pazmiño coinciden en que el gobierno carece de una estrategia efectiva de comunicación. La información reactiva y la falta de transparencia en la presentación de cifras contribuyen a una percepción de inseguridad. Por este motivo, sectores de la ciudadanía no confían en los datos oficiales, ya que su experiencia cotidiana cuenta una historia diferente.

Recomendaciones sobre la seguridad en el país

Pazmiño propone una estrategia de “presencia disuasiva permanente” en los territorios controlados por el crimen organizado. Esto incluiría el despliegue de fuerzas públicas durante todo el día, lo que permitiría restaurar la confianza ciudadana y reactivar la economía local.

“Una presencia disuasiva constante genera confianza en la población, fomenta la reactivación económica y aumenta la productividad. Si el pequeño comerciante, el padre de familia o el estudiante perciben la presencia militar y policial constante, podrán desarrollar sus actividades con tranquilidad. Por ejemplo, un comerciante podría extender su horario de atención, ya que se sentiría protegido y no tendría temor de ser extorsionado”, argumenta. Por su parte, Minga subraya la necesidad de atacar las finanzas de las bandas para desarticularlas por completo.

Contexto electoral en Ecuador

De cara a las próximas elecciones, Pazmiño advierte sobre un escenario difícil. “Esta campaña electoral será bastante complicada. Habrá diferentes actores políticos que mezclarán el tema de seguridad con la política, distorsionando los verdaderos objetivos de la ciudadanía: tranquilidad y seguridad”.

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Para el exjefe de Inteligencia, esta campaña será más agresiva y violenta, marcada por amenazas, impedimentos para que ciertos candidatos ingresen a zonas específicas (controladas por bandas) y el involucramiento de organizaciones criminales en la política, buscando influir en partidos y candidatos.

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