La moción presentada por la asambleísta Johanna Moreira para el proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación fue aprobada con 75 votos este jueves 17 de febrero.

Descontento es el sentimiento que dejó esta resolución, a la representante de la Izquierda Democrática, debido a las modificaciones que tuvo el texto durante los debates.

Aunque la propuesta oficial contemplaba plazos más amplios para la interrupción del embarazo, durante la última sesión del pleno -la tarde de ayer- se aprobó el proyecto que señala que las menores de edad que han sido víctimas de una agresión sexual podrán acceder al aborto hasta las 18 semanas de gestación.

Lo mismo ocurrirá con las mujeres que viven en el sector rural. Para las víctimas que tengan más de 18 años, el plazo se reduce a las 12 semanas.

La primera votación le ‘pegó’ duro a Moreira, sobre todo porque le hicieron falta 4 votos (necesitaba 70) para que se diera paso al proyecto.

Con ojos llorosos, la parlamentaria dejó el salón dispuesta a hacer correcciones al texto para, una vez más, ponerlo sobre la mesa legislativa. Y funcionó. “¿Se han puesto a pensar qué pasaría si su hija de 9, 10, 11, 12 años es violada y está embarazada? ¿Pueden ver el rostro de sus hijas en este momento? ¿Pueden decirles mirando a los ojos que las obligarían a continuar con un embarazo que ellas no desean?”, cuestionó Moreira.

Para ella, es imperioso cumplir con la demanda de la Corte Constitucional y defender los derechos de las niñas y mujeres que han sido vulneradas y no le tiene “miedo” al posible veto del Ejecutivo. Un mes de plazo tiene el presidente Guillermo Lasso para pronunciarse al respecto.

Esto ‘alimenta’ la esperanza de los 40 asambleístas que rechazaron la iniciativa. Pierina Correa, de la Alianza UNES, se mostró firme ante la defensa de “las dos vidas”. Para ella, existe la posibilidad de continuar con el embarazo y dar en adopción al bebé.

La asambleísta Sofía Espín explicó que hizo falta que se tratara el informe de minoría y que no se ha hecho un buen manejo del proyecto de ley.

La vocera de la Alianza UNES considera que hubo un regateo de los plazos y que se hizo un análisis político, más no uno técnico o médico que defina tiempos adecuados para la interrupción del embarazo.

Espera que con el veto presidencial se acorten esos tiempos y que se dé un balance entre los derechos de las mujeres y los no nacidos. 

Libertad

Las bancadas dieron libertad a los legisladores para que votaran acorde a sus creencias.