El misterioso crimen de un hombre en la comunidad Tocagón, en Otavalo, Imbabura, se ha ido revelando. El hecho habría sido consumado por la madre de la víctima, de quien hasta ahora no se ha confirmado su captura.

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Este 17 de febrero se cumple el segundo día del sepelio del comunero, de 38 años, que fue asesinado durante la celebración de un culto religioso evangélico dentro de su vivienda. La mujer, de 62 años, junto con otras personas habría ayunado por un lapso entre dos a tres días.

Cuando amanecía el pasado 12 de febrero, la sospechosa habría intentado sacarle ‘el diablo’ a su hijo, ya que presumía que un espíritu lo poseyó. Fue entonces que lo atacó a golpes hasta dejarlo sin vida.

Para atender la emergencia fue necesaria la presencia de paramédicos del hospital de Otavalo. Pero cuando acudieron hasta el domicilio, los comuneros no les permitieron que se llevaran el cuerpo. Para informar de la situación, una de las rescatistas se contactó con la Policía a través del ECU-911. De inmediato se organizó un equipo de avanzada para saber lo que había ocurrido.

Los uniformados llegaron hasta la comunidad Tocagón y conversaron con la esposa del fallecido. Ella les contó que cerca de las 15:00 del pasado 12 de febrero, había ingresado al dormitorio del inmueble donde se dio el culto y halló a su marido sin vida y tendido en el piso.

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A su arribo, los agentes constataron que se estaba preparando el cuerpo para la velación. Fue ahí que hablaron con un dirigente comunal y otros parientes del fallecido y les indicaron los procedimientos en estos casos.

Sin embargo, la comunidad les dijo que “no permitirán que la Policía Nacional tomara el respectivo procedimiento legal con el cuerpo de la víctima, ya que nos encontramos dentro de una comunidad y que se respetarán sus leyes y reglamentos y se harían cargo del cadáver”, reza en un informe al que EXTRA tuvo acceso.

Además, les manifestaron que hablarían con el médico tratante para que les emitiera un certificado sobre el caso.

Paolina Vercoutere, viceprefecta de Imbabura, detalló a EXTRA que un dirigente de Gualsaquí la llamó, le expuso el caso y le solicitó que interviniera. “Nos llamó la atención que no hubo una línea de intervención policial. Debemos entender que cuando ocurre un crimen, la justicia indígena no puede intervenir, sino la justicia ordinaria”.

Pero a pesar de la insistencia desde la Viceprefectura, a través de la fundación Warmi Imbabura y la Dinased de Otavalo, no se logró sacar el cuerpo. Por ello, el sepelio se hizo recién este 15 de febrero en medio del hermetismo de la comunidad.

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