Carlos Carachi piensa establecerse en Ecuador porque en Perú les piden muchos papeles. Él es venezolano y buscará junto a su familia oportunidades en Machala, El Oro, tras salir del vecino país, que ha decidido sacar a los chamos del territorio.

La medida se aplicará tras terminarse el plazo para que extranjeros puedan subsanar su situación migratoria a través del trámite para adquirir el carné de Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

Ante esta dificultad, personas como Carachi, quien no tiene papeles migratorios, quieren regularizarse en territorio ecuatoriano, luego de estar casi seis meses en suelo peruano.

“La verdad, preferimos no realizar trámites, preferimos venir a Ecuador y trabajar al menos un par de años y luego regresar a Venezuela”, expresó el extranjero, quien es parte del grupo de migrantes que de a poco han empezado a llegar a nuestro país, donde se preveía un corredor humanitario ante la situación, algo que luego fue descartado.

Esto se pudo comprobar en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), tanto de Huaquillas, El Oro, como del lado peruano, donde hasta este sábado 11 de noviembre no había presencia masiva de extranjeros.

Pese a ello, las ventanillas de atención se incrementaron de cinco a ocho para atender a los ‘viajeros’. “Se hablaba de un corredor migratorio, pero de eso no tenemos conocimiento. Hemos escuchado de la medida que adopta Perú, pero acá no se ve la presencia masiva de extranjeros como se lo venía anunciando”, dijo una funcionaria del Cebaf de Ecuador.

Acciones de control

EXTRA recorrió la zona huaquillense, donde se pudo comprobar cómo los venezolanos ingresaban cargando mochilas, acompañados de familiares o amigos.

Muchos no querían dar su opinión acerca de lo ocurrido en Perú, donde el hastío ante el incremento de actos criminales cometidos por extranjeros provocó que se tomaran aquellas medidas radicales.

Pero no todos han optado por llegar a nuestro país, como Carachi. María Fernández hizo la ruta contraria: hace 10 días salió de su natal Maracaibo, en Venezuela, con destino a Chile, para ver a su hermana y padre que se encuentran en la ciudad de Santiago.

“No he solicitado la regularización en Perú porque no me voy a quedar, solo estaré de pasada. Tengo miedo de que me regresen por no tener papeles. Debe haber una reforma, porque la mayoría de venezolanos queremos ir a Chile”, dijo la mujer, que estaba acompañada de su primo.

Ella reconoció que muchos de sus compatriotas han cometido delitos, pero enfatizó que la mayoría es gente honrada. Fernández, por ejemplo, contó que se ha dedicado a la venta ambulante desde que llegó a Quito hasta su periplo hacia Huaquillas.

Su primo, en cambio, limpia parabrisas de autos para ayudar a Fernández. Él, de 16 años, dejó el colegio en Venezuela para migrar. Desde entonces, sus únicas herramientas de trabajo han sido una botella llena de agua con detergente y una franela sucia. “Salí con la ilusión de encontrar un futuro mejor”, aseguró.

Aunque no se veía presencia masiva de extranjeros, las autoridades de Huaquillas tomaron medidas desde el pasado 8 de noviembre: 50 militares se sumaron al control y requisa de ciudadanos en movilidad.

El alcalde de Huaquillas, Florencio Fárez, dijo que llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas para brindar a los venezolanos un espacio físico dentro de la ciudad, con el objetivo de que se hagan redadas conjuntas entre policías y militares para reducir los índices de violencia.

“En las próximas semanas vamos a tener una ‘base militar’, si así se quiere llamar, para que ellos (soldados) puedan estar aquí en el cantón y nos puedan ayudar con la seguridad. Vamos a trabajar con Migración por el tema de los extranjeros que cruzan todos los días por esta ciudad”, sostuvo el burgomaestre.

El funcionario no descarta convocar al pueblo de Huaquillas para tomarse las vías principales y cerrarlas, en caso de que la ola migratoria tenga un impacto negativo en la urbe. “Hemos solicitado reuniones a los ministerios del Interior y de Defensa, para que nos ayuden con militares en la frontera. Lo que sí aseguramos es darle la tranquilidad a la gente. Aquí no se va a quedar ni un ciudadano venezolano más”, aseveró Fárez.

Cuatro bandas se benefician de la crisis

La medida peruana ha prendido las alarmas en Huaquillas, que fue declarada en emergencia durante dos meses por el alarmante incremento de muertes violentas: 130 en lo que va del año, más del doble al comparar con 2022, cuando se registraron 55.

“La violencia nos ha golpeado más que la COVID-19. Nuestras ventas han bajado y no hay comerciante que no sea visitado por los vacunadores. Ahora con esto de que Perú expulsa a los venezolanos y nos trasladan el problema acá, se va a empeorar la cosa”, dijo David Morán, quien tiene un negocio de celulares cerca del puente internacional.

Lo mismo opina Carlos Aucancela, otro comerciante, quien precisó que si no se pone un freno a la ola migratoria, la violencia podría incrementarse, porque así como hay gente buena, ingresan personas malas. “Somos un pueblo de frontera, donde pasan muchos extranjeros. Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto ante esa posible masiva presencia. Estamos mal, no se puede trabajar, las extorsiones han aumentado”.

Según el Informe de Territorio de la Policía del Distrito Huaquillas de 2022-2023, cuatro bandas binacionales de contrabando se han apoderado de la zona y construido al menos 41 pasos clandestinos, tanto en Huaquillas como en Aguas Verdes (Perú).

En esos puntos, los mafiosos cobran ‘cuotas simbólicas’ para permitir el traslado. A los venezolanos que van de paso les cobran 1 dólar por cruzarlos de un país a otro. Y para los comerciantes, la tarifa depende del monto de la mercadería a pasar: de 3 a 40 dólares.

Los valores que se recaudan en cada puente pueden llegar hasta los 2.000 dólares al mes. En el informe se detalla que quienes están detrás de todo esto pueden ganar más de 100 dólares diarios. Y en total, entre los 41 pasos que hay a lo largo de 15 kilómetros de frontera, es posible recaudar aproximadamente 100.000 dólares mensuales, según los datos.

Los refugiados no se salvan si cometen delitos

El Perú contempla la expulsión como una medida para los extranjeros en situación irregular y también está dirigida principalmente a quienes hayan participado en actividades delictivas.

De esto no se eximen ni quienes estén bajo pedido de refugio -ya que ellos tienen protecciones específicas-. Según lo establecido en el artículo 4 y 5 de la Ley del Refugiado de ese país, aquellos beneficios no se aplicarán al que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales sobre la materia.

El personal de la Policía Nacional de Perú, con ayuda de las Fuerzas Armadas, tienen la responsabilidad de la detención de estas personas.

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