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[MISSING]binding.image.descriptionDiego Alvarado / EXTRA

Guayaquil: Ciudadanos exigen transparencia por el polémico tributo por obras en su sector

Tras la implementación de la 'contribución especial de mejora', urbanistas aseguran que la justificación de esta tasa es crucial para la ciudadanía

Muchos guayaquileños continúan indignados luego de enterarse de que deben pagar por obras realizadas en su sector, que se empezó a cobrar a partir del 2024. "Debe existir una página web donde uno pueda saber de dónde son esos cobros", afirmó el urbanista Luis Valero, quien expresó que el proceso de transparencia debería ser primordial en la recaudación de este tributo.

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Aunque este valor se salda junto con el impuesto predial, el alcalde Aquiles Álvarez manifestó el pasado 6 de enero que no se incrementó el cobro de impuestos prediales, pero los ciudadanos sí deben contribuir para la recuperación de valores invertidos en obra pública del 2015 al 2022. "Sin incremento de impuesto, pero pone otro impuesto", fueron las reacciones sarcásticas de los usuarios en comentarios del comunicado.

"Pago, pero primero aclaren exactamente de dónde salen esos cobros" y "Es arbitrario cobrar mejoras por arreglar una calle o una acera, dado que para eso se paga el impuesto predial", expresaron Katherine Alvear y Ana María Pérez, dos ciudadanas guayaquileñas cuyas opiniones reflejan el descontento generalizado de la población sobre este asunto.

El arquitecto Luis Valero, experto en construcción, planificación y diseño arquitectónico, opinó que "el Municipio tiene que sacar de donde provienen esos valores y no ponerlos por poner, es decir, si en su sector se invirtió tanto, para tantos metros cuadrados y benefició a tantos, debe existir una página web donde se justifiquen esos valores. Esto debe ser justificado y transparente; no es 'al ojo', sino matemático".

Johnny Alcívar, subdirector financiero del Municipio, contó a este diario que se dividió la ciudad en 15 distritos catastrales para cobrar este tributo, calculando la cantidad de obra pública y también el valor del predio. Según el funcionario: "Si una propiedad vale 100.000 dólares, va a costar un poco más (la tasa) que una que vale 50.000".

El cabildo resaltó que esta contribución se ampara en el COOTAD, que requiere que los municipios recuperen obra pública cada ciertos años para financiar nuevas mejoras.

Diana Córdova, residente de Los Ceibos, se quejó de que experimentó un aumento del doble en comparación con su pago anual, en el que pagó 32 dólares más debido a la nueva contribución. "¿Qué se ha invertido en Los Ceibos? La proporción no debería depender de la clase social en la que vivas. No debería ser que el que tiene más plata paga más, sino el que tiene más obras en su sector", señaló el urbanista Valero, al referirse al caso de la ciudadana Córdova. Además, destacó que, en caso de imponerse un aumento de 32 'latas' en impuestos, es necesario proporcionar una justificación transparente.

  • ¿Cómo será Guayaquil en el 2050?

A sus 69 años, el arquitecto urbanístico Jhony Cóndor conoce todas las zonas de la urbe por las inspecciones judiciales que hace en su otra labor como teniente en el Cuerpo de Bomberos, por lo que sentenció que Guayaquil ha tenido en los últimos años un desarrollo arquitectónico urbanístico bastante elevado.

"Guayaquil es una ciudad turística, una ciudad de emprendimientos. No satanicemos los cobros que está realizando el Municipio, pues esta ciudad, que se viene regenerando desde el año 93, antes estaba abandonada. Debemos cooperar con la ciudad que está en proceso de desarrollo. ¿Cómo será Guayaquil en 2050? A lo mejor muchos de nosotros no estemos, pero la ciudad va a seguir engrandeciéndose", fueron las palabras del especialista Cóndor en torno a este tema.

Jhony Cóndor, arquitecto urbanístico.Cortesía

Alexander Zevallos de Álamos Norte pagó 30 dólares adicionales por ese tributo, atribuyendo el aumento a los trabajos de bacheo en la vía principal de su ciudadela, entre Guillermo Cubillo y la calle Destacamento Base Sur. Ante eso, el especialista Cóndor opinó: "Por ejemplo, en ese sector (Álamos Norte) hay un parque grande que todas las noches está lleno de niños. ¿Por qué quienes viven cerca de ese parque no siembran una plantita o hacen una minga? Todos queremos que nos dé el Municipio; somos cómodos. Esa zona es de las más atendidas de la ciudad. En la Av. Guillermo Cubillo, hay desarrollo urbanístico".

La abogada Patricia Castro, experta en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, sostiene que este tributo no es exclusivo de la administración de Aquiles Álvarez, sino que también fue implementado por otros alcaldes, como Jaime Nebot. EXTRA tuvo acceso a una gaceta oficial del 18 de septiembre de 2013, donde el entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, estableció que los habitantes de ciertos sectores de la ciudad debían pagar una "contribución especial por obras de regeneración urbana", en virtud de los obras obtenidas en 2011.

Castro coincide con Valero sobre la incomodidad de los residentes de Guayaquil. "Ese es el fastidio por parte del ciudadano, pues el Municipio crea una obra en un barrio, pero el ciudadano no tiene un mecanismo para saber si esa obra era realmente un beneficio para su sector. Vemos que gastan enormes cantidades de dinero en esas obras y uno no sabe en qué gastaron la plata. A veces a alguien le parece que el precio de esa obra no estuvo adecuado, pero ya nadie puede intervenir porque la obra la decidió el Municipio, entonces, ahora ellos se quedan sin plata y le pasan la factura al ciudadano", mencionó.

  • ¿Se podría no pagar este tributo?

La abogada Patricia Castro explicó que sí es posible evitar pagar esta contribución mediante una impugnación ante la misma autoridad administrativa que la cobró (Municipio). Sin embargo, si se pierde este recurso, sería necesario impugnar ante el Tribunal Contencioso Tributario, un trámite que puede ser largo. "Cuando la gente se une y se organiza en colectivos, y denuncia de manera mediática, hay resultados. Si cada quien denuncia por sí solo, es difícil".

La jurista afirmó que un grupo de unas mil personas podría presentar una demanda debido a que se trata de una ordenanza municipal. Para impugnarla y dejarla sin efecto, se debe recurrir a la Corte Constitucional utilizando el mecanismo de la demanda de inconstitucionalidad. Si primero se acercan a la Defensoría del Pueblo, esta podría patrocinar la demanda.

Castro también indicó que se podría llevar a cabo una Asamblea Ciudadana, un derecho contemplado en la Ley de Participación Ciudadana. Por lo tanto, deben revisarla y proporcionar una respuesta oportuna al ciudadano.

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