“Uno de los niños que aparecen en el balde de una camioneta rodeado de militares es mi hijo Josué, de 14 años. El otro niño, que también está en la camioneta, es mi vecino Steven, de 11 años”, afirmó Luis Arroyo, padre de dos de los cuatro menores desaparecidos desde el 8 de diciembre.

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La difusión de los videos comenzó después de que fueron proyectados durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para abordar el caso. Según las familias, su desaparición habría ocurrido tras un operativo por parte de militares.

En las grabaciones, que han causado indignación, se puede observar a uno de los niños ya en la parte trasera de una camioneta militar, mientras otro es forzado a subir al vehículo.

Estas imágenes, que constituyen una de las pocas pistas sobre lo sucedido, forman parte de las evidencias que permanecen bajo cadena de custodia y fueron presentadas para corroborar la hipótesis de las familias de los menores.

Ayuda internacional

Paco Moncayo, general del Ejército en servicio pasivo, comentó a EXTRA que también vio la filmación. “Se dijo que después de eso soltaron a los chicos, porque al parecer era una simpleza lo que habrían hecho. Eso no se puede hacer”, aseveró.

Moncayo explicó que dentro de las Fuerzas Armadas existen lineamientos claros que determinan los procedimientos. “No hay pierde con las normas y están dentro de los derechos”.

Por lo tanto, sugirió que se recurra a ayuda internacional para las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. “No puede haber un espíritu de cuerpo, es la honra de la institución la que está en juego también”, aclaró.

Asimismo, expresó que tampoco se podría alegar, en el caso de que los implicados lo hicieran, el cumplimiento de órdenes a superiores.

“Existe la obediencia debida, que es el derecho de los subordinados de no acatar órdenes que estén fuera del derecho”, manifestó.

También pidió que no se politice la situación, ya que es muy delicada. Además, comentó que aunque la hipótesis sea que hubo una desaparición forzosa, hay que esperar los resultados de las investigaciones.

“Debe caer todo el peso de la ley sobre los responsables, pero hay que investigar a detalle”, finalizó.

Supuesta intimidación

Arroyo, por su parte, denunció situaciones intimidatorias que, según él, buscan silenciar su búsqueda de justicia, mientras participaba en el plantón que se desarrolló la mañana de este lunes 23 de diciembre en los exteriores de la Fiscalía del Guayas.

“Mandaron a unos policías a mi casa para fotografiarla y registrar la placa de mi moto. Nosotros no queremos problemas con nadie, solo queremos a nuestros hijos de vuelta. Este no es un tema político ni de enfrentamientos, es una lucha por la vida y la justicia”, dijo el padre de familia. 

Derechos Humanos de la ONU solicitó al Estado ecuatoriano un informe sobre el caso hasta el 7 de enero de 2025.

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