Un total de 180 femicidios es lo que ha registrado Ecuador entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de 2024, de acuerdo con un informe publicado este miércoles, 16 de octubre, por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

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De esos 180 casos, 96 corresponden a femicidios íntimos, familiares y/o en contextos sexuales. Además, 13 de las víctimas eran mujeres transgénero y 71 asesinatos se relacionan con entornos criminales, en que las bandas utilizan la violencia para enviar mensajes.

Con esta cifra, el número total de femicidios en el país asciende a 1.891 desde 2014, año en que el femicidio fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En 2023, Ecuador ya había cerrado con una de las cifras más altas de muertes violentas de mujeres en su historia, contabilizando 112 femicidios según datos oficiales, mientras que la sociedad civil reportó 321.

Aldea también reveló que por lo menos menos 23 de las víctimas habían denunciado antecedentes de violencia, 4 contaban con boletas de auxilio y 7 habían sufrido abuso sexual. La edad promedio de las víctimas es de 32 años; sin embargo, hay casos extremos: la víctima más joven tenía apenas un año y la mayor, 81. Además, 17 de las víctimas eran menores de 18 años. "La escalada de femicidios contra niñas y adolescentes es inminente y se requieren acciones contundentes para prevenirlos", advirtió Aldea en su reporte.

La organización destacó que 55 de las víctimas eran madres, dejando en la orfandad a al menos 106 niños y niñas. Otras 7 mujeres estaban embarazadas al momento de su asesinato. En cuanto a los agresores, 8 se suicidaron y 3 más intentaron hacerlo. "En el 35 % de los casos, los femicidas tenían un vínculo sentimental con la víctima", añadió la Asociación.

Además, Aldea denunció una "distribución preocupante de la violencia por provincias". Las provincias costeras son las más afectadas, siendo Guayas la más afectada con 50 femicidios, seguida de Manabí (26) y Los Ríos (20).

Respecto a las armas utilizadas, el 59 % de los femicidios fue perpetrado con armas de fuego, un aumento alarmante en comparación con 2019 y 2020, cuando este porcentaje no superaba el 9 %. "Es obligación del Estado contar con un sistema de registro de femicidios que dé cuenta de la realidad de la violencia contra mujeres y niñas en el país, en todas sus formas y en todos los territorios. Hay un vacío latente en los datos oficiales que se niegan a registrar femicidios en sistemas criminales. Esto tiene que cambiar, porque todos los casos deben nombrarse para avanzar hacia políticas públicas de no repetición", concluye Aldea.

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